LAS ENSEÑANZAS DE AYOTZINAPA

Tomás Oropeza Berumen

La búsqueda incesante de los 43 estudiantes de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos, víctimas de desaparición forzada desde la madrugada del 27 de septiembre, a cargo de sus familiares, compañeros de escuela y organizaciones sociales, habrá de continuar hasta que se conozca con precisión su paradero. No puede ser de otra manera a pesar de que para Enrique Peña Nieto, el jefe del narco estado mexicano, ya es hora de “superar” este trágico episodio.

Al cumplirse 4 meses de la trágica noche de Iguala, en la que además de desaparecer a los 43 normalistas la policía de ese municipio, coludida con delincuentes, y cuando menos con la complicidad del ejército y la policía federal, asesinó a otros tres estudiantes y a igual número de habitantes de aquélla población cuyo nombre náhuatl que significa río de calabacitas o tortuguitas es conocido mundialmente, la PGR sigue empeñada en ocultar la verdad de lo que ahí ocurrió y del paradero de los jóvenes.

La tesis de procurador Jesús Murillo Karam, quien no se ha cansado de repetir que los muchachos fueron incinerados en un basurero de Cocula por una banda de delincuentes, obedeciendo  la orden del presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca, se ha desplomado al conocerse que tanto la Policía Federal como las fuerzas armadas tuvieron conocimiento e intervinieron en los hechos. Así como por la imposibilidad de que cremar a 43 personas en el citado basurero demostrada por los científicos: Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde Vélez, de la UAM, quienes han planteado la necesidad de examinar los hornos crematorios y los documentos sobre el consumo de gas de los cuarteles militares de esa región del país.

La verdad no es tan sencilla como quiere hacernos creer el gobierno a través de sus voceros, Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Lo que resulta claro es que la desaparición forzada de los 43, junto con el asesinato de los otros 3 normalistas es un crimen de Estado, porque es resultado de la colusión del gobierno de Guerrero y el Enrique Peña, a través del ejército y la policía federal y los aparatos de “inteligencia” (Cisen) con las bandas de narcos que operan en ese estado y que son utilizadas para realizar el trabajo sucio contra la población dentro de una estrategia de contrainsurgencia para destruir las organizaciones populares, campesinas, estudiantiles, etc., sembrando el terror para despejar el camino a las empresas capitalistas interesadas en explotar los recursos naturales y a la población, sin resistencia social. Por ejemplo, la mina a cielo abierto de Mezcala explotada por la canadiense Gold Corp ubicada a 50 kilómetros de Iguala donde según reportaje de Mónica Cruz de la agencia Reuters (julio/2011) hay 141 mil kilos de oro. También ahí se hallan otras dos minas a cielo abierto de la misma empresa, Los Filos y El Bermejal (la mina de oro más rica del país, que opera desde el 2008).

El caso Ayotzinapa no puede cerrarse por decreto. A los 43 normalistas se los llevaron vivos y vivos los tiene que presentar el gobierno. Además de las 10 razones por las cuales los padres de los muchachos rechazaron la versión de la PGR y el intento de Peña Nieto por darle carpetazo, hay más líneas de investigación para indagar.

Es imposible que el Estado mexicano lo haga, porque sus aparatos de represión, todos los partidos políticos, etc., están involucrados, constituyen un narco estado. Tendrán que seguir siendo los  padres de los normalistas, apoyados por instancias internacionales y nacionales como el Centro Prodh, la CIDH y sobre todo por los millones de ojos y oídos del pueblo quienes construyan la verdad.

Ni en Guerrero, ni en el país puede haber “normalidad” como la que permitió la desaparición de más de 22 mil personas, miles de feminicidios, elecciones fraudulentas, reformas  contra el pueblo, etc. Por eso es correcta la posición del movimiento popular guerrerense que ha decidido impedir las elecciones.