lunes, septiembre 18, 2017

 
CRECE LA POBREZA Y LA INDIGNACIÓN POPULAR RUMBO AL 2018

Tomás Oropeza Berumen

Las catastróficas consecuencias del terremoto de 8.2 grados Richter con epicentro en Tonalá, Chiapas (07.09.17) y de los huracanes Irma, Katia y José, repercutirán por varios años en la vida de millones de personas que ya de por sí han sufrido durante décadas  la política económica implantada en México siguiendo las directrices del Banco Mundial (BM)  y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según las poco confiables cuentas oficiales tan  sólo en Chiapas y Oaxaca los afectados por el movimiento telúrico rebasan los 2 millones y medio de personas, cifra a la que hay que sumar decenas de miles de Morelos,Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla,  donde miles de casas, edificios, obras de infraestructura, campos de cultivo, talleres, etc. quedaron en ruinas total o parcialmente. Con lo que aumentará el desempleo y la miseria en el país, en un grado mayor al calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que junto al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estiman que la inflación del  6.6 por ciento registrada el mes pasado es la más alta de los últimos 16 años, añadido a la ineficiencia de los programas sociales de combate a la pobreza y la reforma fiscal regresiva.

Si bien esto es grave y el Estado mexicano tiene obligación de atender las necesidades que se derivan de está situación de emergencia, es seguro que en la reconstrucción se impondrá el interés del gran capital en las medidas que implemente el gobierno de Peña Nieto, quien le está dando un gran protagonismo al Ejército y a los empresarios con el pretexto de la ayuda a los damnificados y las tareas de rescate.

En Tonalá, Chiapas, Peña  hizo un llamado a que las empresas constructoras a “solidarizarse” con los pueblos en desgracia, es decir para que vean en la necesidad ajena la oportunidad para lucrar y hacer avanzar sus proyectos depredadores, como las Zonas Económicas Especiales (ZEE) con las que se favorece la inversión de las trasnacionales y la burguesía nacional con toda clase de incentivos fiscales y leyes de excepción en materia de seguridad, laboral y ecológica.

La catástrofe natural y  sus repercusiones sociales y el estado de shock que afecta a la población es una situación ideal para el avance de los proyectos capitalistas que enfrentan la resistencia de la población, como ha venido ocurriendo en Chiapas, Oaxaca y otras entidades que forman parte del proyecto para fragmentar (balcanizar) el país mediante las mencionadas ZEE donde las trasnacionales gringas, chinas, canadienses, etc. establecerán -si no se los impiden los pueblos y los trabajadores - sus leyes para explotar más a los obreros y obtener mayores tasas de ganancia.

La desastrosa situación económica que mantiene en la pobreza a más del 50 por ciento de los mexicanos (y en una opulencia insultante a la gran burguesía) se agudizará por la caída del consumo en Estados Unidos, la incontrolable inflación, los recortes al gasto público y la caída en la inversión decididos por la Secretaría de Hacienda, sumados a los riesgos de que Donald Trump mande al carajo el Tratado de Libre Comercio (TLC)  y provoque mayor incertidumbre.

Pero con TLC o sin él la lucha de clases habrá de agudizarse en los próximos meses y años, mediante movilizaciones populares, magisteriales y obreras, porque sin duda la destrucción de la agricultura provocada por la política económica gubernamental,   el TLC, la minería a cielo abierto, la explotación petrolera, el narco  y los desastres naturales  provocará más escasez de alimentos e inflación.

Además en los meses que vienen la lucha por un “cambio” a través de las elecciones será un factor de tensión que podría dar lugar a estallidos sociales, ante la anunciada intención del PRI y sus aliados de cometer un fraude orquestado desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y los aparatos de control con que cuentan el PRI, PAN, PRD, PV, MC; la burguesía (CCE, Concanaco, Coparmex) los sindicatos charros, etc. tal como hicieron en el Estado de México donde impusieron al primo de Peña, Alfredo del Mazo Maza.

En 2018 el país entrará en ebullición por la contienda electoral  por la presidencia de la República, la jefatura de Gobierno de la capital, 128 senadores, 500 diputados y muchos otros cargos de elección popular, sin que los trabajadores tengan un partido propio, ni un candidato que los represente. Pero a menos que sean masoquistas no deberían votar ni por el PRI, PAN, PRD, MC, PV (firmantes del Pacto por México mediante el que se impusieron las reformas privatizadoras en materia energética, educativa y de salud) y  organizarse de manera independiente para luchar también por mejores salarios y condiciones de vida y un cambio de régimen socio económico.


Pero en la coyuntura concreta que se avecina trabajadores, campesinos, estudiantes, etc. deberán decidir qué hacer con su voto. Si venderlo al mejor postor o usarlo para echar al PRI y sus secuaces de Los Pinos. Y claro, defender su voluntad ante el gigantesco mecanismo que ya puso en marcha un gigantesco fraude electoral.

lunes, julio 31, 2017






   MILITARIZACIÓN DE LA CDMX

Tomás Oropeza Berumen

A once años de que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la producción, venta y consumo de drogas sigue siendo un grave problema social y de salud pública que -como se ha demostrado- no ha podido resolverse mediante la represión militar o policiaca. Al contrario, hoy es mayor la cantidad de personas, sobre todo jóvenes y adolescentes que consumen marihuana y drogas de mayor riesgo.

La violencia de los cárteles de la droga y todo tipo de actividades ilegales encuentra tierra fértil en un país devastado por décadas de aplicación de una política económica que sólo favorece a los dueños del capital mediante reformas estructurales que han ajustado las leyes laborales para dejar en la indefensión a los trabajadores. Y que han privatizado el petróleo, la salud y la educación.

Hoy el país está repartido entre las empresas mineras a las que se ha concesionado una gran parte del territorio nacional, el narco, gobernadorcillos corruptos que actúan como señores de horca y cuchillo, el Ejército y la Marina. Todos ellos confabulados para someter y explotar a campesinos, pueblos originarios y trabajadores.

Hasta hace unas semanas la capital del país parecía un territorio a salvo de esta situación, pero lo ocurrido en la delegación Tláhuac el 21de julio, cuando elementos de la Marina “abatieron” a varios narcomenudistas con un gran despliegue de fuerzas, tanquetas y helicópteros. Acción semejante a la realizada en febrero en el estado de Nayarit, donde para “abatir” a unos delincuentes utilizó un helicóptero artillado.

En México no existe la pena de muerte, pero el Ejército, la Marina y la Policía Federal la han instaurado en los hechos. No sólo a los delincuentes, sino también a quienes luchan contra la política gubernamental, como sucedió en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, donde fueron asesinados nueve pobladores y heridos más de un centenar por policías federales que efectuaron un desalojo contra maestros que protestaban contra la mal llamada reforma educativa.

Lo ocurrido en la delegación Tláhuac, donde fueron ejecutados varios narcomenudistas, a quienes el gobierno federal y local presentaron como un temible cártel y después reconocieron que no era tal, ha servido para militarizar el Oriente de la capital y establecer un virtual estado de sitio y una campaña en los medios para justificar retenes, allanamientos y violaciones a los derechos humanos de la población. Con ello, más que combatir la delincuencia, lo que se persigue en realidad es crear el ambiente para que se apruebe la ley de seguridad interior que dé carta blanca al ejército y la Marina para sus actividades; así como inhibir la lucha social contra la política económica neoliberal que tanta pobreza, desempleo y violencia ha producido.

En lugar de balas, drogas y redadas los jóvenes necesitan educación en todos los niveles y empleos bien remunerados. Hay que terminar con las causas que los llevan al consumo de drogas. Tratar a los adictos como víctimas de una enfermedad, no como criminales.

Hay que examinar las experiencias de Portugal, donde han sido legalizadas todas las drogas y su consumo disminuyó. O el caso de Uruguay cuyo Estado ha regularizado la producción y venta de marihuana y trata a los adictos como seres humanos.