MILITARIZACIÓN DE LA CDMX

Tomás Oropeza Berumen

A once años de que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la producción, venta y consumo de drogas sigue siendo un grave problema social y de salud pública que -como se ha demostrado- no ha podido resolverse mediante la represión militar o policiaca. Al contrario, hoy es mayor la cantidad de personas, sobre todo jóvenes y adolescentes que consumen marihuana y drogas de mayor riesgo.

La violencia de los cárteles de la droga y todo tipo de actividades ilegales encuentra tierra fértil en un país devastado por décadas de aplicación de una política económica que sólo favorece a los dueños del capital mediante reformas estructurales que han ajustado las leyes laborales para dejar en la indefensión a los trabajadores. Y que han privatizado el petróleo, la salud y la educación.

Hoy el país está repartido entre las empresas mineras a las que se ha concesionado una gran parte del territorio nacional, el narco, gobernadorcillos corruptos que actúan como señores de horca y cuchillo, el Ejército y la Marina. Todos ellos confabulados para someter y explotar a campesinos, pueblos originarios y trabajadores.

Hasta hace unas semanas la capital del país parecía un territorio a salvo de esta situación, pero lo ocurrido en la delegación Tláhuac el 21de julio, cuando elementos de la Marina “abatieron” a varios narcomenudistas con un gran despliegue de fuerzas, tanquetas y helicópteros. Acción semejante a la realizada en febrero en el estado de Nayarit, donde para “abatir” a unos delincuentes utilizó un helicóptero artillado.

En México no existe la pena de muerte, pero el Ejército, la Marina y la Policía Federal la han instaurado en los hechos. No sólo a los delincuentes, sino también a quienes luchan contra la política gubernamental, como sucedió en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, donde fueron asesinados nueve pobladores y heridos más de un centenar por policías federales que efectuaron un desalojo contra maestros que protestaban contra la mal llamada reforma educativa.

Lo ocurrido en la delegación Tláhuac, donde fueron ejecutados varios narcomenudistas, a quienes el gobierno federal y local presentaron como un temible cártel y después reconocieron que no era tal, ha servido para militarizar el Oriente de la capital y establecer un virtual estado de sitio y una campaña en los medios para justificar retenes, allanamientos y violaciones a los derechos humanos de la población. Con ello, más que combatir la delincuencia, lo que se persigue en realidad es crear el ambiente para que se apruebe la ley de seguridad interior que dé carta blanca al ejército y la Marina para sus actividades; así como inhibir la lucha social contra la política económica neoliberal que tanta pobreza, desempleo y violencia ha producido.

En lugar de balas, drogas y redadas los jóvenes necesitan educación en todos los niveles y empleos bien remunerados. Hay que terminar con las causas que los llevan al consumo de drogas. Tratar a los adictos como víctimas de una enfermedad, no como criminales.

Hay que examinar las experiencias de Portugal, donde han sido legalizadas todas las drogas y su consumo disminuyó. O el caso de Uruguay cuyo Estado ha regularizado la producción y venta de marihuana y trata a los adictos como seres humanos.