MÉXICO EN VILO POR LOS 43 NORMALISTAS SECUESTRADOS POR EL ESTADO

Tomás Oropeza B.

A seis semanas de la retención forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero,  el pasado 26 y 27 de septiembre, en un ataque perpetrado por la policía municipal de Iguala que en un operativo represivo ametrallo a tres normalistas y a tres lugareños, todo México ha entrado en un estado de emergencia social, reclamando la presentación con vida de los jóvenes educadores.

Las maniobras del gobierno de Peña Nieto y de la Procuraduría General de la República (PGR) para confundir a la opinión pública anunciando grandes avances en la investigación: primero mediante la detención del presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su cónyuge, quienes “se niegan a hablar”  en lo que parece un montaje al estilo de Genaro García Luna y luego la versión de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero de Cocula, Guerrero, un poblado situado a media hora de Iguala, por los sicarios, deja demasiadas dudas.

La violencia del Estado burgués mexicano y el contubernio de todos sus niveles e instituciones con el crimen organizado, que junto con banqueros y empresarios constituyen una amalgama, ha quedado en evidencia ante el pueblo mexicano, que hoy ha despertado y tomado conciencia de que además de los cuerpos policiacos, las fuerzas armadas y el poder Judicial, también  los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PT,  PV, PANAL, etc)  constituyen un narcoestado, del cual no puede esperarse justicia.

Lo ocurrido a los 43 normalistas  desaparecidos por orden del presidente municipal perredista  José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda, pareja delincuencial asociada con los sicarios Guerreros Unidos, que creció bajo la complicidad del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, un priísta que fue apoyado por el PRD y dinero del narco para llegar a la gubernatura, es  la gota que ha desbordado el vaso de la ignominia en que vive el país.

En esta pesadilla social producto del neoliberalismo y la democracia burguesa a la mexicana el titular de la PGR, Murillo Karam y Enrique Peña Nieto, son cuando menos corresponsables y cómplices, pues hay pruebas de que conocían lo que se estaba incubando en Iguala pero nada hicieron para evitarlo. Igual papel han desempeñado el Cisen, el ejército, la marina y las policía federal, pues resulta increíble que no supieran lo que en Guerrero era un secreto a voces.

Desde el 2 de octubre pasado ha sido una constante la exigencia de presentación con vida de los 43 jóvenes. A lo largo y ancho del país cientos de miles de estudiantes, amas de casa, trabajadores, maestros, indígenas y campesinos han salido a las calles a repudiar al régimen  encabezado por Peña Nieto, quien ante los ojos de la opinión pública mundial se ha desplomado y hoy es visto como lo que siempre ha sido: un mequetrefe que llegó a Los Pinos por el apoyo del grupo Atlacomulco, Televisa y Tv Azteca.

En el DF se realizaron el 22 de octubre y el 5 de noviembre las manifestaciones más numerosas desde 1968, al mismo tiempo que en casi todos los estados del país se realizaban movilizaciones demandando la presentación con vida de los 43 y la renuncia de Enrique Peña Nieto y de su procurador Jesús Murillo Karam.  

México vive una crisis social donde principalmente los jóvenes se han hartado de vivir en una sociedad que los extermina sistemáticamente al negarles educación, trabajo, pan, democracia, información veraz y muchos otras cosas a las que tienen derecho.

El capitalismo neoliberal a la mexicana sólo les ofrece desempleo, miseria, trabajos mal pagados, humillantes  y sin prestaciones en la economía informal. O ingresar a la delincuencia donde también imperan las reglas del más fuerte y donde son usados como carne de cañón.

No hay lugar para los jóvenes, pero tampoco para millones de personas adultas y ancianos porque para el sistema constituyen una población excedentaria, desechable, porque la economía en recesión no necesita de su fuerza de trabajo y porque no tienen dinero para consumir.

En estas semanas la juventud mexicana ha comenzado a rebelarse como no lo había hecho de manera generalizada desde 1968 y además se está uniendo en este alzamiento social el campesinado guerrerense representado por los padres de los muchachos desaparecidos, pueblos indígenas, campesinos. Los trabajadores también han comenzado a sumarse a las manifestaciones, sobre todo en las universidades. Pero hace falta mayor participación proletaria.

Si sabemos que el Estado es el autor de la retención forzada de los 43, la pregunta es porqué podemos confiar en que el Estado haga justicia, ¿cuando se ha visto que un criminal se auto investigue y se castigue? No le pidamos peras al olmo.

Igual, cuando se grita ¡Que se vayan todos! ¿Estamos pensando en que los representantes políticos de las distintas fracciones de la burguesía dejarán el poder nomás porque han perdido legitimidad ante los ojos del pueblo? Nunca se ha visto que los explotadores y sus gobernantes abandonen voluntariamente el poder y los privilegios de que gozan.

Tienen razón los estudiantes normalistas de Ayotzinapa cuando dijeron en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía el pasado 7 de noviembre durante el paro realizado:

““Podríamos decirles lo que cualquier padre de familia les diría: que quieren guerra con el Estado, así de simple. Lo primero que van a querer es acabar con el problema de una vez por todas. La situación se presta, es la oportunidad, legitimidad hay para hacer las cosas que tengamos que hacer a fin de cambiar la situación en nuestro país.

“Estamos determinados a llegar a donde tengamos que llegar, porque somos guerrerenses, somos campesinos y somos cerradísimos a esas razones estúpidas del gobierno que todo lo quiere solucionar con las leyes, con una legalidad que defiende simplemente a los de arriba. ¡A la mierda su legalidad, no nos funciona”(La Jornada 07.XI.014)