MONTERREY 25/08/2011

Tomás Oropeza Berumen

Pasada la humareda provocada por el incendio del Casino Royale el jueves pasado en Monterrey, Nuevo León, acto criminal que provocó la muerte de 52 personas, comienza a desvanecerse la versión de que se trató una acción terrorista, como la calificó Felipe Calderón, para aprovechar el estado de shock y estupor provocado por ese hecho atroz y promover la aprobación de su Ley de Seguridad Nacional.

Sin que aún se realizara una investigación de lo sucedido, calificó a los autores de “verdaderos terroristas” convocando a la unidad nacional en torno a su fallida estrategia de combate a la delincuencia organizada y hasta le reclamó al gobierno estadounidense la falta de control sobre la venta de armas a los delincuentes y el elevado consumo de drogas de los norteamericanos.

En la versión de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJE), los cinco presuntos autores del atentado tenían la intención de incinerar el casino en represalia por la negativa de sus dueños a pagar el “derecho de piso”, no de atentar contra las personas a quienes trataron de desalojar, pero no lo lograron porque perdieron el control de la situación.

Suponiendo sin conceder que esa sea la realidad, lo cierto es que a Calderón le cayó como anillo al dedo lo ocurrido en la Sultana del Norte para reposicionarse como el gran abanderado de la guerra a la delincuencia, justificar la militarización del país y en particular de Nuevo León a donde se enviaron de inmediato mil quinientos soldados e igual número de policías federales para reforzar a las tropas que ocupan esa entidad desde hace años.

Según la información de la PGJE y del cuestionado gobernador priísta Rodrigo Medina de la Cruz, parecería que los cinco matones supuestos zetas detenidos actuaron por su cuenta, pues no han informado de que se esté buscando al autor intelectual del homicidio múltiple.

Guardada toda proporción con el atentado del 11/09/2001 en Estados Unidos, utilizado por el entonces presidente George Bush Jr. para legitimarse y mediante la conmoción social imponerle al pueblo norteamericano la Ley Patriótica e invadir Irak. Aquí en México el 25.08.2011 a Calderón le está sirviendo como un pretexto para justificar la creciente injerencia de espías y militares “retirados” norteamericanos que hasta donde sabemos operan desde un búnker en avenida Reforma, cerca de la embajada gringa y -según el New York Times- también desde una base estadounidense, empotrada en un cuartel del ejército mexicano en el Norte de México.

Igualmente el gobierno panista está desplegando una intensa campaña empleando los medios de desinformación masiva para sembrar la idea de que se necesita de la intervención de fuerzas militares extranjeras para derrotar al narco y salvar a los mexicanos.

En esta línea están las recientes declaraciones del autor de La Región más transparente, el escritor Carlos Fuentes, quien la semana pasada sostuvo que el gobierno panista debería legalizar las drogas y al mismo tiempo pedir el apoyo de las policías francesa, israelí o alemana. En entrevista con la agencia EFE con motivo de la entrega del premio Fomentor de las Letras que le fue otorgado dijo: “Mientras no se den pasos para legalizar la droga y se llegue a acuerdos con los Estados Unidos -que es el mercado de las drogas-, y no se tomen acciones internas efectivas de la policía, la pandilla de la droga derrotará al Ejército de México y a la sociedad que está inerme”.

Oportunistamente la clase política se sumó a la convocatoria a la “unidad nacional” de Calderón y el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actual presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) pidió “cerrar filas” apoyando al gobierno federal y al de Nuevo León, olvidando las críticas que sostenía al principio de la narcoguerra calderonista contra le estrategia basada en el uso del ejército. Lo cual demuestra, entre otras cosas, que la izquierda amarilla se ha recorrido hacia la derecha en más de un tema.

Seguramente en el período de sesiones de la Cámara de Diputados que inicia este 1º de septiembre, el influjo del asunto Casino Royale ejercerá una presión para que los diputados acaben de corroborar la Ley de Seguridad Nacional que ya habían aprobado en lo general los representantes de todos los partidos, con la honrosa excepción del Partido del Trabajo (PT).

Si esto ocurre, México habrá dado un paso más hacia el establecimiento de una dictadura en la que un personaje cuestionado desde su arribo a Los Pinos y que ha dado muestras de ilimitada obsecuencia ante el gobierno de Estados Unidos, podrá declarar el estado de excepción en cualquier parte del país, otorgándole carta blanca a los milicos para cometer legalmente las atrocidades que ya practican contra la población con el pretexto de combatir el narcotráfico, pero sin el riesgo de ser llamados a rendir cuentas en el futuro, como les sucedió a los militares golpistas en Argentina.

Si esto llega a suceder, México ingresará a una situación donde las luchas obreras y populares tendrán mayores dificultades para desarrollarse porque las pocas libertades democráticas que aún sobreviven serán canceladas. Pese a todo, los trabajadores y explotados tendremos que continuar la lucha por un cambio radical de la sociedad mexicana.