EL CONGRESO APRUEBA LEY FASCISTA CONTRA EL MOVIMIENTO POPULAR

Tomás Oropeza B

México, 15.12.07.- Muy mal termina el 2007, que en la historia será recordado como el año de la instauración de una dictadura neoporfirista, de carácter fascista, al mando del panista Felipe Calderón.

Con la reciente aprobación por el Congreso de las reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad pública será legal (lo que esporádicamente venía haciendo el gobierno desde los años setenta, cuando se libró una guerra contrainsurgente violentando la Constitución y las garantías individuales por parte de cuerpos policíacos ilegales como la Brigada Blanca), para derrotar a los movimientos armados que surgieron como respuesta a la matanza de Tlatelolco: el allanamiento de morada y las detenciones arbitrarias.

En el último año del gobierno de Vicente Fox se llevó a cabo esa inconstitucional práctica de manera masiva en San Salvador Atenco, contra los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el 3 de mayo; también en el puerto metalúrgico de Lázaro Cárdenas, Michoacán y luego en la capital de Oaxaca, contra el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. En estos escenarios la PFP, el ejército y otros cuerpos represivos, también cometieron asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones de ciudadanos al por mayor.

Ahora gracias a la adecuación de la ley en función de los designios del Plan México (o Mérida) impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Calderón, ya será legal que cualquier policía penetre hasta el domicilio de aquéllos a quienes considere sospechosos de estar urdiendo un delito, encarcelarlos e incomunicarlos por 40 días que pueden prorrogarse hasta a 80. Con esto lo que se hacía de manera ilegal y excepcional será normal. Ya nomás faltará que se legalice la tortura, como en Estados Unidos.

El golpe de Estado iniciado con la usurpación de la presidencia por Calderón sigue avanzando aprovechando la traición del PRD, el colaboracionismo de la izquierda dizque independiente, la incapacidad del movimiento de López Obrador para ir más allá de las palabras y la desarticulación y el reflujo de movimientos sociales como el zapatista, estudiantil y obrero.

Sin embargo el año también termina con una seria de movilizaciones contra la Nueva Ley del ISSSTE, por parte del magisterio; de damnificados por las inundaciones de Tabasco y Chiapas; de estudiantes normalistas de Ayotzinapa y campesinos que defienden su tierra ante el proyecto de la presa La Parota, en Guerrero. Y también de huelgas mineras en varios estados, de resurgimiento del movimiento de la APPO y el magisterio de la sección 22 en Oaxaca. Paros magisteriales en Michoacán y manifestaciones en Guanajuato en defensa de la industria del calzado y contra la importación de calzado chino.

Aunque a primera vista no parezca el país esta entrando en ebullición y la entrada en vigor del TLC en materia agropecuaria dentro de unos días, ya está provocando acciones de repudio en el campesinado.

Los estrategas de la contrainsurgencia, entre los que se cuenta al salvadoreño Joaquín Villalobos, ex comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en las décadas de los setenta y ochenta en El Salvador, quien por cierto es trasladado en avión dos veces al mes desde Costa Rica, donde vive, para asesorar al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en el combate al EZLN y EPR, saben que las medidas aplicadas por Calderón para avanzar en la implantación de la economía salvaje van a provocar nuevos estallidos sociales.

Los bajos salarios, el desempleo masivo, las crecientes dificultades para emigrar a Estados Unidos, la realización de las reformas neoliberales para modificar la Ley del Trabajo, privatizar PEMEX, la educación superior, etc., así como la carestía de la vida, que conllevan la reforma fiscal y el gasolinazo, van a generar rechazo y manifestaciones de repudio. Por eso el gobierno de Calderón sigue dando vuelta a la tuerca de una política basada en la militarización, con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, pero que en realidad está configurando un Estado policiaco para controlar a la población.


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