CERO CRECIMIENTO Y MAYOR TENSIÓN SOCIAL PARA 2008

Tomás Oropeza Berumen

México, 07/10/07.- Con un pronóstico de mayores problemas económicos para el 2008; el anuncio de que Estados Unidos apoyará al gobierno de Felipe Calderón (FC) con mil millones de dólares para la aplicación del Plan México; golpes espectaculares al narcotráfico y la continuación de la guerra sucia, el panorama mexicano sigue tensándose y complicándose cada día que pasa. Haciendo pensar que tienen razón los que en las manifestaciones grafitean en las paredes: “Nos vemos en el 2010”, fecha en la que según los profetas del nopal, habrá de estallar una nueva revolución social.

Sin capacidad ni interés en modificar el modelo económico sostenido desde hace casi 30 años, el lunes pasado el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, reconoció que el país no crecerá el año próximo debido a la recesión que padece Estados Unidos al mismo tiempo que negó el “desbordamiento” de la inflación provocada por el anuncio de que en octubre se aplicaría el impuesto a la gasolina y la súbita postergación de la medida fiscal para enero del 2008, ordenada por FC.

Mientras que en el mundo real los precios se han disparado y vienen nuevos incrementos al agua y el transporte público y en los mercado los alimentos han subido 36%, el ejecutivo se jacta de ostentar “el monopolio del poder”, luego de que la buscada narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, fuera detenida junto con su pareja Juan Diego Espinosa, El Tigre, un colombiano vinculado a los carteles de la droga en su país.

Victoria de la campaña de limpieza que resultó superada por el decomiso de 15 toneladas de cocaína en Tampico, Tamaulipas y que tal vez sea resultado de las detenciones de la reina y su pareja o un golpe casual, pero que sin duda habrá de funcionar como cortina de humo para ocultar la dramática realidad de la crisis económica, las decenas de ejecuciones que ocurren cada semana a lo largo y ancho de la República pese a la militarización y la masiva violación a los derechos humanos.

El aseguramiento de la coca en Tampico, sin duda importante por su magnitud, es, sin embargo, mínimo si se consideran los datos de la Oficina de Contabilidad del gobierno norteamericano que estima en 275 las toneladas del polvo blanco que ingresa a ese país cada año desde México, junto con 19 de heroína y 9 mil 400 toneladas de marihuana.

Por lo pronto Tampico, CD. Madero y Altamira, Tamaulipas, en el Golfo de México, se hallan bajo control militar y no se conoce lo que está sucediendo con sus habitantes.

Y en tanto que el guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) hizo dos propuestas que muestran su disposición a buscar una salida que tranquilice las aguas, la primera dirigida a los empresarios, para que presionen al gobierno de FC para lograr la presentación y liberación de Edmundo Sánchez Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes retenidos por el ejército desde hace 5 meses, a cambio de suspender sus acciones de sabotaje. Y la segunda dirigida al mismo gobierno para que considere la posibilidad de una amnistía a todos los presos y perseguidos políticos del país.

Pero estas insinuaciones de la guerrilla no han encontrado eco, ni por parte de los empresarios, quienes respondieron que el camino para la lucha debe ser dentro de la ley y en la ventanilla correspondiente, mientras que el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora coincide con el presidente de Colombia Álvaro Uribe, al acusar a las FARC de ser las principales abastecedoras de cocaína a los carteles mexicanos, buscando avanzar en la tesis de que en México también existiría un vínculo de los grupos guerrilleros con los narcos, como ya ha insinuado más de una vez al decir que el EPR le hace el juego a los traficantes de droga al distraer al ejercito de su cruzada con los atentados a PEMEX.

Mediana Mora ha calificado a las FARC de ser una organización terrorista y narcotraficante, haciendo eco de la posición del vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón. Al participar en el foro Seguridad y derechos humanos: base para el progreso de México y Colombia, organizado por la embajada del país sudamericano y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Y es que la paz no es negocio ni para el gobierno de Calderón, ni para su principal soporte, el Ejército Mexicano y las diversas corporaciones policíacas involucradas en la campaña Limpiemos México, que ve en la guerra real que ya se libra en suelo mexicano no solo contra el narco, sino sobre todo contra el pueblo y las diversas organizaciones político militares y también contra las que luchan dentro del estrecho marco de la legalidad, la oportunidad para hacer el negocio del sexenio y más allá.

Una nueva víctima de esa guerra sucia es Francisco Paredes Ruiz, un ex guerrillero de los años 70, en que participó en el Movimiento Armado Revolucionario, y desde hace muchos años dedicado a la lucha por los derechos humanos a decir de quienes lo conocen y exigen su presentación con vida.

Por todo lo anterior el pasado 2 de octubre, a 39 años de la matanza de Tlatelolco, se refundo el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), con la participación de más de cien organizaciones y numerosos intelectuales.

Encabezado por la senadora Rosario Ibarra, la segunda edición del FNCR que en los años 70 y 80 logró sacar de la cárcel y la presentación con vida de decenas de activistas y guerrilleros ahora se intentará detener el proceso de fascistización que promueven FC y sus aliados castrenses apoyados por el gobierno de George Bush desde Estados Unidos para continuar avanzando en la imposición del capitalismo salvaje que tiene en la mira al petróleo, la electricidad, educación media y superior, entre otras riquezas naturales y sociales de los mexicanos.

En este contexto y muy lejos de los reflectores, los mineros del SNTMMySRM en Cananea, Sonora y Taxco, Guerrero, han decidido mantener las huelgas que realizan desde el 30 de julio por mejores condiciones de trabajo, aumento salarial y respeto a la autonomía sindical contra el Grupo Minero México y la Secretaría del Trabajo que apoya a ese cártel empresarial, responsable también de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.