HACIA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Tomás Oropeza Berumen


El asesinato de un periodista en Cd. Juárez, el jueves pasado, y el escándalo desatado por la respuesta de los directivos de El Diario de Juárez, a los mafiosos, reconociéndolos como los verdaderos gobernantes de esa ciudad y preguntándoles ¿Qué quieren de nosotros? Y proponiéndoles una tregua, ha servido como pretexto para que legisladores de derecha e “izquierda” propongan establecer en aquella militarizada frontera de millón y medio de habitantes, un estado de excepción.

Luis Camargo Santiago Orozco, 22 años, es el nombre del fotógrafo de El Diario de Cd. Juárez, publicación local que ha sido blanco sistemático de atentados presuntamente vinculados a las bandas de delincuentes que hace dos años ejecutaron al reportero Armando Rodríguez Carreón sin que a la fecha se haya detenido a los autores.

Desde hace varias décadas Cd. Juárez es un campo de experimentación. Ahí se estableció hace casi medio siglo el modelo maquilador que después se extendió a todo el país. Allá comenzó la pesadilla de los asesinatos en serie de mujeres que a la fecha continúa. Fue uno de los primeros municipios gobernados por el PAN que desde hace diez años ocupa la presidencia del país. Fue también el primer municipio militarizado por el ejército que actúa como una fuerza de ocupación con el pretexto de combatir a la llamada delincuencia organizada sin el menor éxito. Se sospecha de que allá operan escuadrones de limpieza social, pues son muchas las masacres cometidas contra jóvenes marginados en centros rehabilitación o en fiestas juveniles como en la colonia Salvarcar que nunca se han aclarado.
Allí también estalló el primer auto bomba en la historia reciente del país. Y ahora se pretende imponerle un estado de excepción.

Igual ocurre ahora en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango o Guerrero, donde los que mandan son los militares, pero los narcos sigue siendo el poder real.
Y como van las cosas no es aventurado pensar que antes del 2012 México entero vea conculcadas sus libertades democráticas con el pretexto del combate a la delincuencia organizada.

En su editorial El Diario asienta una crítica que expresa el sentir no solo de los juarenses, sino de la inmensa mayoría de mexicanos:

“A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. (…)


Ayer el senador Santiago Creel, un descendiente de la más reaccionaria y porfirista oligarquía chihuahuense combatida por el guerrillero revolucionario Pancho Villa, propuso que “se levanten (suspendieran) las garantías individuales en ese municipio mientras las fuerzas federales restauran el orden” idea que de inmediato fue apoyada por legislador René Arce del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en las pasadas elecciones -renunciando a su programa y principios- se alió al derechista partido gubernamental.

Arce enfatizó en la necesidad de aplicar el artículo 129 de la Constitución donde se establece la facultad del ejecutivo para suspender las garantías individuales cuando la paz sea perturbada (previa autorización del Congreso). La consecuencia de esto sería dar carta blanca a los militares para cancelar las libertades de expresión, reunión y manifestación. Así como arrestar y torturar a cualquier persona que consideren sospechosa. Violaciones que en la realidad se han venido cometiendo soterradamente en todo el país desde que Felipe Calderón inició su fracasada guerra contra los barones de las drogas.

El vocero del gobierno federal en materia de seguridad Alejandro Poiré acusó a El Diario de Cd. Juárez de negociar con la delincuencia y estableció que el gobierno de Calderón no recurrirá a ese expediente. Omitiendo que en el caso del secuestro del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, secuestrado hace más de cuatro meses, el gobierno ha respaldado la solicitud de su familia de mantenerse al margen para no obstaculizar el proceso de negociación con “Los misteriosos desaparecedores” banda que exige 50 millones de dólares a cambio de la libertad del poderoso político derechista miembro de un clan panista enemigo de Calderón.

Lo que esta sucediendo en Cd. Juárez, donde se experimentan las políticas que, como los hechos han demostrado, luego se implementan en todo el país, parece darle la razón a quienes sostienen que cada vez son mayores las franjas del país donde el Estado no puede cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los habitantes.

El gobierno pretende tapar el sol con un dedo y se desgarra las vestiduras por las palabras de El Diario que no hacen sino reconocer lo que todos allá y en muchas partes del país saben:

Dirigiéndose a alguna de las bandas que presuntamente cometió el crimen les dice:

“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Después de sugerir a las bandas en pugna que digan que es lo que les molesta que se publique o se deje de decir advierte El Diario:

“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.

Curiosamente la PGJ del estado de Chihuahua al referirse al móvil del asesinato del periodista gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, de 21 años, lo atribuyó a motivaciones personales, hipótesis compartida por el vocero de la secretaria de seguridad pública federal Alejandro Poiré, omitiéndose que el hecho de que el fotógrafo se encontraba en el estacionamiento de un concurrido centro comercial y a bordo del auto propiedad del Visitador estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien ha investigado varios crímenes contra ciudadanos cometidos por militares y policías federales, motivo por el que reiteradamente ha sido amenazado de muerte por lo que el año pasado estuvo refugiado al otro lado del Río Bravo, en El Paso, Texas, durante varios meses.

LA MASCARADA

Tomás Oropeza Berumen

México, 16/09/010.- Los festejos del inicio de la guerra de independencia de la Nueva España, respecto del imperio español, constituyeron una gigantesca maniobra de propaganda política realizados por Felipe Calderón para obtener alguna simpatía del pueblo mexicano para su gobierno de facto. Y también otro fracaso de los ideólogos a sueldo del gobierno panista empeñado en tergiversar la historia de las luchas del pueblo mexicano contra los explotadores nacionales y extranjeros.

La cruda realidad es que hoy el país se halla bajo el control económico de Estados Unidos, con el que desarrolla cerca del 80 por ciento de sus transacciones comerciales y de los banqueros españoles, dueños de casi toda la banca y el sistema financiero.

México está muy lejos de ser un país independiente. Es una colonia, debido a la traición de sus gobernantes y las clases dominantes que desde hace muchas décadas se han postrado ante el imperio gringo y sus aliados, renunciando a construir un país independiente y soberano.

Desde hace mucho el ejército y la marina dejaron de defender la soberanía nacional, junto con las corporaciones policiacas, se hallan subordinadas a la política de seguridad de Estados Unidos mediante varios tratados con esa potencia en declive: El Plan Mérida y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Actúan como fuerzas de ocupación que en realidad sirven a un país imperialista. Desde antes de 1968 se han dedicado a asesinar campesinos, obreros y estudiantes rebeldes para proteger los intereses del capital. Eso no es nuevo.
México ya no produce ni los alimentos que comen sus habitantes, más del 40 por ciento los compra en el extranjero.

La economía del país está íntimamente vinculada a la de Estados Unidos mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC), un acuerdo que profundizó la dependencia económica, política, militar y cultural del país mediante la privatización de las empresas paraestatales y la apertura indiscriminada de las fronteras a las mercancías y servicios de economías más desarrolladas. El TLC ha desmantelado al llamado Estado del bienestar de cuyas riquezas se apropió una mafia de personajes como el hombre más rico del mundo, Carlos Slim; el banquero Roberto Hernández, los dueños del duopolio televisivo Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.

Como hace dos siglos, la inmensa mayoría de mexicanos viven en la pobreza y una pequeña oligarquía concentra en sus manos la riqueza del país. El proceso de concentración y centralización del capital se aceleró y extendió mediante la aplicación del modelo económico neoliberal, que no es otra cosa que capitalismo salvaje.

Obreros, campesinos, pueblos originarios y clases medias sufren de una verdadera guerra que el capital les ha declarado para someterlos a una mayor explotación. A los jóvenes se les considera población sobrante y el sistema socioeconómico no les ofrece alternativas. Para el gobierno son potenciales delincuentes.

Durante los festejos del Bicentenario, cuyo costo fue de alrededor de 250 millones de dólares, Calderón fue abucheado repetidamente. La noche del grito tenía el rostro tenso, colérico porque a pesar del control militar sobre quienes se hallaban en el zócalo, la gente le daba la espalda y a pesar de la manipulación del sonido de las televisoras Televisa y TV Azteca se escucharon los silbidos de burla.

Las ocho horas del desfile estilo Disneylandia ideado por el australiano Ric Birch (especialista en montar espectáculos como el de las olimpiadas de Barcelona y Pekín), y los fuegos pirotécnicos que costaron 45 millones de dólares se esfumaron, pero sirvieron para que las televisoras de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego hicieran el gran negocio y mantuvieran a millones de teleadictos escuchando las estulticias de sus locutores.

En la fiestecita concebida por mentes hollywoodenses se rindió homenaje a Benjamín Argumedo, un contrarrevolucionario que apoyó el golpe de Estado contra Francisco I Madero, reconoció al milico usurpador Victoriano Huerta y combatió a Francisco Villa. Se le erigió una gigantesca escultura de 20 metros de altura y varias toneladas de peso. Almastrote bautizado por el ingenio popular como el Nini, pues al ignorar a quién o qué representaba, se corrieron las más bizarras versiones de que no era ni Colosio ni Vicente Fernández.

Otra demostración de repudio a Calderón ocurrió en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a donde acudió a dar el grito. Ahí la gente lo recibió con vivas al Chapo Guzmán y mueras al mal gobierno, según la corresponsal del noticiario de Carmen Aristegui en Noticias MVS.

Es tan ineficiente el gobierno del panista que ni la obra emblemática del Bicentenario de la Independencia, la Estela de Luz, pudo terminar a tiempo. La obra de la que Calderón colocó la primera piedra hace más de un año, se dice que será inaugurada a finales del año próximo. Sin conocerse aún el costo que tendrá, sólo se sabe que será de acero de Finlandia forjado en Italia y recubierta de cuarzo brasileño.

No cabe la menor duda. Como hace un siglo, hoy el gobierno está muy lejos de las aspiraciones populares y cada día crece el antagonismo entre los poderosos y los que nada tienen.

La jornada de lucha realizada el martes 14 por mineros, maestros de educación básica, electricistas del SME y trabajadores universitarios a pesar de la militarización de la ciudad de México continuará en los próximos días y semanas.
El absurdo decreto de un puente que paraliza las actividades burocráticas y educativas durante casi una semana, no hará desaparecer los problemas existentes.

Igualmente, la imparable violencia que todos los días arroja decenas de asesinatos de presuntos delincuentes a los que el ejército “mata en caliente”, como sucedió el 5 de septiembre en la autopista Monterrey- Nuevo Laredo, cuando soldados le dispararon al auto donde viaja una familia, matando a Vicente León Ramírez, de 52 años, y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15.