LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO

Tomás Oropeza Berumen

México, 22.03.010.- En esta primavera el gobierno que encabeza Felipe Calderón a nombre del gran capital, esta empeñado en lograr las reformas laboral, petrolera, política y de seguridad nacional. Se trata de imponer a la clase trabajadora y al pueblo todo, un modelo económico caracterizado por mayores ventajas para la explotación de la fuerza laboral; así como de obstruir -más aún- las vías legales para la lucha por las reivindicaciones laborales y populares.

Consciente de que el malestar popular sigue creciendo en un país con más de siete millones de jóvenes sin acceso a la educación ni al trabajo formal y donde el 70 por ciento de la población económicamente activa subsiste en la economía informal, Calderón sigue militarizando el territorio nacional, a pesar de las protestas populares, como ocurre en Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulípas, sin mayor éxito en la erradicación del fenómeno que dice combatir, pero generando un miedo paralizante en la población que se ha vuelto rehén de los cárteles del narco y los militares.

Pese a esto, y de manera ejemplar, en Cd. Juárez, Chih. las organizaciones populares y estudiantiles se expresaron con energía el 16 de marzo durante la tercera visita de Calderón a esa frontera, donde nuevamente fue repudiado por los familiares de los estudiantes muertos el 31 de enero, las madres de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas y estudiantes universitarios.

En la capital del país y cundo menos diez entidades, ese mismo día se realizó una huelga política nacional convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y decenas de organizaciones populares entre las que destacaron por su combatividad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, sectores de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la Otra Campaña, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estudiantes de la UNAM y el Politécnico.

Y en medio de la extraña huelga del SME, consistente en colocar las banderas rojinegras en las entradas de 400 centros laborales de la “extinta” Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), hoy en poder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se produjo la represión de la Policía Federal, que disparó bombas lacrimógenas contra los trabajadores y afectó severamente a los bebés de una guardería, así como a niños de una escuela en el centro del D.F. También las fuerzas del orden calderonista macanearon e hirieron a varios electricistas en Necaxa, Puebla y Juandhó, Hidalgo.

Podría decirse que el gobierno de FC se ha propuesto doblegar aún más a los trabajadores para cumplir los compromisos con el empresariado que lo colocó en la silla presidencial con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el ejército, después de un proceso electoral fraudulento en 2006.
Ese es el objetivo que se pretende con la reforma a la Ley Federal del Trabajo cuyo proyecto fue entregado la semana pasada al Congreso para su discusión y aprobació.

A decir de los diputados del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) mediante los cambios a la legislación laboral se crearán más empleos, estimulará la inversión nacional y extranjera, incrementará la productividad, México será más atractivo para los inversionistas, etc., etc.
Pero desde la perspectiva de los trabajadores se pretende: cancelar el derecho de huelga; legalizar: los despidos sin indemnización; el establecimiento de los periodos de prueba; legalizar la subcontratación (outsourcing); las funciones polivalentes; hacer imposible el establecimiento de los contratos colectivos y la organización sindical, en fin se trata de crear empleos chatarra, incapaces de permitir a los trabajadores la obtención de un ingreso digno y suficiente.


Ante las críticas a esta ley cien por ciento pro patronal, el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón ha respondido que es preferible al desempleo.

Otro tema que ha saltado a la palestra en el 72 aniversario de la expropiación petrolera es la pretensión gubernamental de reformar la ley para privatizar Pemex y de plano entregar lo que aún permanece en manos del Estado de esa empresa paraestatal al capital privado. Ahora, como en 2008 -y siempre- el PAN intenta reformar la ley para que el capital “mexicano fortalezca” a Pemex.

Calderón y sus huestes sostienen que el Estado seguirá siendo rector en materia petrolera. La misma mentira con la que justificaron el decreto de extinción de L y FC cuyos bienes están siendo rematados a compañías extranjeras. Y la fibra óptica malbaratada a Televisa asociada ahora con las españolas Megacable y Telefónica.

Con lo que no cuentan Calderón, el PAN y El Yunque, es con la necia resistencia que durante tres décadas y a pesar de las traiciones de la izquierda domesticada, ha impedido la plena imposición de las reformas estructurales neoliberales.

El levantamiento de los pueblos zapatistas en 1994 contra el TLC, la huelga estudiantil de 1999-2000 en defensa de la gratuidad educativa en la UNAM; la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra la construcción de un mega aeropuerto en tierras comunales, son demostración de que a un siglo del estallido de la revolución de 1910- 17 en el subsuelo del país sigue vivo el espíritu de rebelión.
Los electricistas del SME, los mineros de Cananea, el pueblo de Cd. Juárez y muchos otros contingentes están hoy en pie de lucha y convocando a un referendo a realizarse el 21, 22 y 23 de mayo para echar abajo, pacíficamente, al presidente del desempleo y la muerte.