CRECE LA POBREZA Y LA INDIGNACIÓN POPULAR RUMBO AL 2018

Tomás Oropeza Berumen

Las catastróficas consecuencias del terremoto de 8.2 grados Richter con epicentro en Tonalá, Chiapas (07.09.17) y de los huracanes Irma, Katia y José, repercutirán por varios años en la vida de millones de personas que ya de por sí han sufrido durante décadas  la política económica implantada en México siguiendo las directrices del Banco Mundial (BM)  y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según las poco confiables cuentas oficiales tan  sólo en Chiapas y Oaxaca los afectados por el movimiento telúrico rebasan los 2 millones y medio de personas, cifra a la que hay que sumar decenas de miles de Morelos,Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla,  donde miles de casas, edificios, obras de infraestructura, campos de cultivo, talleres, etc. quedaron en ruinas total o parcialmente. Con lo que aumentará el desempleo y la miseria en el país, en un grado mayor al calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que junto al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estiman que la inflación del  6.6 por ciento registrada el mes pasado es la más alta de los últimos 16 años, añadido a la ineficiencia de los programas sociales de combate a la pobreza y la reforma fiscal regresiva.

Si bien esto es grave y el Estado mexicano tiene obligación de atender las necesidades que se derivan de está situación de emergencia, es seguro que en la reconstrucción se impondrá el interés del gran capital en las medidas que implemente el gobierno de Peña Nieto, quien le está dando un gran protagonismo al Ejército y a los empresarios con el pretexto de la ayuda a los damnificados y las tareas de rescate.

En Tonalá, Chiapas, Peña  hizo un llamado a que las empresas constructoras a “solidarizarse” con los pueblos en desgracia, es decir para que vean en la necesidad ajena la oportunidad para lucrar y hacer avanzar sus proyectos depredadores, como las Zonas Económicas Especiales (ZEE) con las que se favorece la inversión de las trasnacionales y la burguesía nacional con toda clase de incentivos fiscales y leyes de excepción en materia de seguridad, laboral y ecológica.

La catástrofe natural y  sus repercusiones sociales y el estado de shock que afecta a la población es una situación ideal para el avance de los proyectos capitalistas que enfrentan la resistencia de la población, como ha venido ocurriendo en Chiapas, Oaxaca y otras entidades que forman parte del proyecto para fragmentar (balcanizar) el país mediante las mencionadas ZEE donde las trasnacionales gringas, chinas, canadienses, etc. establecerán -si no se los impiden los pueblos y los trabajadores - sus leyes para explotar más a los obreros y obtener mayores tasas de ganancia.

La desastrosa situación económica que mantiene en la pobreza a más del 50 por ciento de los mexicanos (y en una opulencia insultante a la gran burguesía) se agudizará por la caída del consumo en Estados Unidos, la incontrolable inflación, los recortes al gasto público y la caída en la inversión decididos por la Secretaría de Hacienda, sumados a los riesgos de que Donald Trump mande al carajo el Tratado de Libre Comercio (TLC)  y provoque mayor incertidumbre.

Pero con TLC o sin él la lucha de clases habrá de agudizarse en los próximos meses y años, mediante movilizaciones populares, magisteriales y obreras, porque sin duda la destrucción de la agricultura provocada por la política económica gubernamental,   el TLC, la minería a cielo abierto, la explotación petrolera, el narco  y los desastres naturales  provocará más escasez de alimentos e inflación.

Además en los meses que vienen la lucha por un “cambio” a través de las elecciones será un factor de tensión que podría dar lugar a estallidos sociales, ante la anunciada intención del PRI y sus aliados de cometer un fraude orquestado desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y los aparatos de control con que cuentan el PRI, PAN, PRD, PV, MC; la burguesía (CCE, Concanaco, Coparmex) los sindicatos charros, etc. tal como hicieron en el Estado de México donde impusieron al primo de Peña, Alfredo del Mazo Maza.

En 2018 el país entrará en ebullición por la contienda electoral  por la presidencia de la República, la jefatura de Gobierno de la capital, 128 senadores, 500 diputados y muchos otros cargos de elección popular, sin que los trabajadores tengan un partido propio, ni un candidato que los represente. Pero a menos que sean masoquistas no deberían votar ni por el PRI, PAN, PRD, MC, PV (firmantes del Pacto por México mediante el que se impusieron las reformas privatizadoras en materia energética, educativa y de salud) y  organizarse de manera independiente para luchar también por mejores salarios y condiciones de vida y un cambio de régimen socio económico.

Pero en la coyuntura concreta que se avecina trabajadores, campesinos, estudiantes, etc. deberán decidir qué hacer con su voto. Si venderlo al mejor postor o usarlo para echar al PRI y sus secuaces de Los Pinos. Y claro, defender su voluntad ante el gigantesco mecanismo que ya puso en marcha un gigantesco fraude electoral.