EL FRACASO

Tomás Oropeza Beruemen

México, 07.02.10.- La ininterrumpida matanza de jóvenes -hombres y mujeres- que tiene lugar en el estado de Chihuahua desde que hace más de una década, pero que se incrementó desde diciembre del 2006, cuando para lograr legitimase en la presidencia el presidente de facto, Felipe Calderón, inicio su guerra contra la delincuencia organizada, alcanzó la madrugada del domingo 31 de enero un grado aterradoramente escandaloso en Ciudad Juárez, con la masacre de 16 adolescentes y dos adultos en la Colonia Villas de Salvarcar, a manos de un comando integrado por unos 20 sicarios, sin que hasta el momento se conozca, a ciencia cierta, a los autores intelectuales ni el móvil que estos perseguían.

Esta tragedia ocurrida en la llamada ciudad más violenta del mundo donde desde hace años miles de soldados y policías patrullan las calles día y noche, provocó tal indignación y repudio social que ha hecho evidente el fracaso de la estrategia anticrimen del gobierno panista. Hasta Calderón ha tenido que reconocer la imposibilidad de someter las bandas de narcotraficantes con el puro empleo de acciones policiaco-militares y anunció que “propondrá” a los juarenses una nueva estrategia para reconstruir el tejido social en aquella frontera.

En el estado de Chihuahua han sido asesinadas más de 300 personas en lo que va del año; 230 en Cd. Juárez. El año pasado cayeron en supuestos ajustes de cuentas entre las pandillas y carteles del narco, 3, 500 personas.

La reciente matanza de 16 estudiantes bachilleres y universitarios mientras realzaban una fiesta casera, ha provocado que sectores de la sociedad juarense demanden la desaparición de poderes en Chihuahua; el establecimiento de un estado de excepción y hasta la intervención de los cascos azules de las Naciones Unidas.

El diputado Víctor Quintana, del PRD, demandó la renuncia de todo el gabinete de seguridad federal y estatal. Por su parte la sección Chihuahua del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) acusó a grupos paramilitares, de ser los autores de la matanza y asesinatos selectivos de luchadores sociales con el pretexto de la guerra antinarco, al estilo de los escuadrones de la muerte de El Salvador o Guatemala en la época de la guerrilla.

En tanto el gobernador del estado, José Reyes Baeza, anunció que los tres poderes del gobierno estatal se trasladarán a la frontera para “solidarizarse” con los juarenses. Medida que ha generado airadas críticas y que sin duda será inútil para restablecer la seguridad; apaciguar a las 900 pandillas que existen y a los poderosos carteles de Sinaloa y Juárez que pelean el control de la plaza y menos aún para eliminar las causas estructurales -económicas y sociales- que han originado la situación actual en el municipio más poblado del estado de Chihuahua con más de 1 millón y medio de habitantes y varios miles de personas que constituyen la población flotante, varada en su camino al sueño americano.

¿Qué se puede esperar del supuesto cambio de estrategia calderonista? Desde luego que nada. Sólo una profundización de la misma política que le es dictada al gobierno mexicano desde Estados Unidos, contenida en el Plan Mérida (versión del Plan Colombia) y los tratados de integración policiaco-militar como el Acuerdo para la Seguridad y el Progreso de América del Norte (ASPAN) en los que el gobierno renuncia a ejercer su soberanía en materia de seguridad nacional y se postra ante la Casa Blanca.

La propuesta del Gabinete de Seguridad del señor Calderón: designar un comisionado que ejerza el mando único sobre las fuerzas militares - policiacas y los programas sociales para “reconstruir el tejido social”, además de que equivale a imponer desde el centro a un super gobernador, sin duda se perderá como una gota de agua en el desierto que rodea aquella frontera que evidencia la quiebra total del modelo maquilador de exportación y la necesidad de que sea el pueblo quien tome en sus manos la construcción de su futuro.