SIGUE LA CAIDA ECONÓMICA Y CRECE LA REPRESIÓN

Tomás Oropeza Berumen

México, 25 de enero del 2010.- Mientras los organismos financieros internacionales, cuya intromisión en la política económica de México lo llevaron a la recesión que hoy vive, aseguran que el 2010 no será el año de la recuperación, Felipe Calderón afirma sin rubor todos los días que la economía del país se esta reponiendo de la brutal caída de 7.1 por ciento del PIB registrada el año pasado. Sin embargo, el Banco Mundial estima que el PIB en 2010 y 2011 “apenas servirá para recuperar la perdida de riqueza provocada por la recesión del 2009”.

Aún mas: según el Inegi el desempleo alcanzó en diciembre pasado la cifra de 2 millones 256 (41% arriba de lo registrado al inicio del sexenio). El número de personas que se mal ganan la vida en la economía informal alcanzó los 25.7 millones (58.7 por ciento) según ese organismo gubernamental al que no debemos tenerle demasiada confianza. Por su parte las exportaciones mexicanas tuvieron el año pasado una caída de 21.2 por ciento respecto al 2008; las exportaciones petroleras cayeron 39 por ciento. La inflación, según el Banco de México en la primera quincena de enero fue de 0.75 por ciento, es decir cinco veces superior a la de enero del 2009, cuando fue de 0.15 por ciento.

Pero además de las negras perspectivas económicas para millones de mexicanos, la represión y la criminalización contra los movimientos sociales, siguen en ascenso en todo el país junto con los asesinatos cotidianos supuestamente cometidos en los ajustes de cuentas entre delincuentes, como la escalofriante matanza de 24 reclusos en el penal de Gómez Palacio, Durango, supuestamente en una riña entre pandillas el 20 de enero.

La situación es tan grave que Human Rights Watch, señala en su informe sobre México que Calderón al delegar en el ejército y la marina el combate al narcotráfico estas “han cometido graves violaciones a los derechos humanos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”.

El desastre económico y social mexicano es tan evidente que hasta la Coparmex afirmó la semana pasada que a 16 años del ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del levantamiento indígena zapatista, “siguen vigentes las causas que produjeron la rebelión”. El presidente de ese reaccionario organismo patronal, Gerardo Gutiérrez Candini, reconoció que, según datos oficiales en el país 51 por ciento de la población vive en pobreza y casi 20 millones en pobreza extrema. Pauperización que inevitablemente se agudizará por el cierre de empresas derivado de la caída en la inversión extranjera que fue de 41 por ciento en México, según estudio de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Para colmo los recientes aumentos de los impuestos, servicios y combustibles harán tronar las previsiones inflacionarias del Banco de México (3%) elevándolas según expertos a 5.44%.

En materia de derechos humanos la cosa ha empeorado respecto a 1994, pues bajo “el gobierno del cambio” han aumentado sensiblemente los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos de los que 98 por ciento no se castigan, según el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Alberto Brunori. Tan solo de enero a agosto del año pasado, se documentaron 128 asesinatos de periodistas y activistas en los estados de Oaxaca, DF, Guerrero, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua y Sinaloa.

La destartalada vida política mexicana está llegando a niveles tragicómicos, ahora con la alianza del PRD y el PAN, dizque para vencer al PRI, el aliado natural e histórico del bloque mafioso blanquiazul. Demostrándose con ello que hoy por hoy no existen opciones electorales para el pueblo mexicano, donde los comicios son una farsa para simular la verdadera dictadura del capital.

Como en Ciudad Juárez, de donde no se han ido, como dice el intervencionista embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. Así lo demuestra el cateo por soldados del domicilio de Carlos Jeffin Fong Ronquillo, miembro del equipo redactor de La Gota e integrante del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), quien trató de impedir que su casa fuera cateada sin la orden de un juez.

No olvidemos que allá han sido asesinados más de 2 mil 500 personas, de las 16 mil que han muerto en la narcoguerra calderonista y que casualmente muchos de los activistas que se han opuesto a la intervención del ejército en tareas policiacas han caído, como sucedió en los primeros días del años con la luchadora social Josefina Reyes, también participante en el FNCR.

Otros que han sido colocados en la mira de la represión gubernamental son los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes a la cabeza de más de 18 mil trabajadores siguen luchando por su reinstalación conforme a su contrato colectivo de trabajo y preparan junto con otros sindicatos y agrupaciones sociales, una marcha gigantesca para el próximo 29 de enero.