RECORTES, ASESINATOS POLITICOS E IMPUNIDAD

Tomás Oropeza Berumen

24, 08,009 .- La caída del PIB 10.3 por ciento trimestre pasado, la peor desde 1929 según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) grupo al servicio de la burguesía “mexicana”; el recorte al gasto público para tratar de rellenar el boquetazo de 300 mil millones de pesos que descubrió el secretario de Hacienda Agustín Carstens, integrante del inútil y costoso gabinete de Felipe Calderón; el crecimiento del desempleo y los recortes al presupuesto de todos los niveles del sistema educativo, sin duda habrán de generar mayor deterioro de la situación social y política del país.

Cabe destacar que según el INEGI el bajón de 10.3 por ciento anualizado de abril – junio 2008 a ese mismo lapso del 2009 ha sido la peor caída en la economía mexicana desde 1995, solo superada por el derrumbe de 20.7 por ciento del PIB ocurrido entre 1929 y 1932 años en que comenzaba a superarse lentamente la recesión que provocó que el la economía estadounidense bajara 26.5 por ciento. Se estaba ya en las vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora el sector manufacturero mexicano se hundió 16.4 por ciento, arrastrado por la crisis de la industria automotriz. En tanto el sector de la construcción, disminuyó 9.2 por ciento y el sector industrial se desplomó 11.5 %.

Esto es en gran medida inevitable bajo el modelo económico neoliberal y el régimen capitalista, sin embargo un cambio del modelo económico podría atemperar las consecuencias de lo que Calderón en otro más de sus delirios etílicos llamó “la tormenta perfecta”.

Lo cierto es que el pelele y sus inútiles siguen teniendo el timón en las manos y eso que llaman izquierda partidaria y social no ha tenido capacidad para rebelarse. Se ha llegado a este panorama en buena medida por el papel mediatizador de una izquierda asimilada por el sistema tripartidista mediante la corrupción de amplias capas de la población, convertida en clientela electoral y presta a “movilizarse” en función de los intereses de líderes carismáticos, que como el jefe de Gobierno de la capital mexicana, practican una suerte de populismo neoliberal. Por ejemplo con la ampliación de la concesión de la administración de la red del agua potable a varias compañías privadas.

Actualmente son cuatro las compañías que “operan” el cobro del servicio, pero el plan de Marcelo Ebrad es que en 2010 los empresarios además de cobrar a la clientela, mantengan en buenas condiciones las redes de distribución y realicen inversiones para supuestamente garantizar que el agua, ahora convertida en una mercancía más, llegue al gran público. Esto es una privatización de un bien público a cargo de un dizque gobernante “antineoliberal” que aspira a la presidencia y ya esta, al igual que el priísta Enrique Peña Nieto, en campaña rumbo al 2012.

Otro golpe a escala nacional es el que le propinaron los Chicago Boys a las universidades públicas recortándoles 800 millones de pesos, lo que se agrega al deterioro que han sufrido permanentemente por las constantes limitaciones a sus presupuestos. Ahora se recortaron sus recursos uno por ciento para “contribuir a la superación del shock financiero”, diría el secretario de Educación Pública (SEP) Alonso Lujambio.
En la UNAM, esta medida se ha traducido en un recorte de 200 millones de pesos para este año, al que habría que agregar el deterioro del mismo debido a la inflación.
Esta claro que para el gobierno de facto calderonista, no entran en sus prioridades la cultura, la ciencia y las humanidades.

Para defender de manera efectiva el derecho de los jóvenes a la educación superior gratuita, critica, científica y laica, se necesita organizar ya un amplio movimiento de masas a escala nacional. Sólo los estudiantes pueden llevarlo a cabo, pues los sindicatos universitarios como el STUNAM tienen las manos amarradas por sus cochupos con la patronal y el gobierno. Pero lo estudiantes no estarían solos si se deciden a emprender esa lucha. Seguramente el pueblo los apoyaría enarbolando también la demanda de cambiar la política económica para salir del barranco a donde nos arrojaron los neoliberales. Eso para empezar.

En este panorama puede observarse que los asesinos de políticos opositores al régimen de Felipe Calderón están elevando la mira, pasando de académicos y líderes populares a personajes de primer nivel dentro del sistema político. Ese es el caso del diputado Armando Chavarría, presidente de la Comisión de Gobierno del estado de Guerrero y el más viable de los aspirantes del PRD al gobierno de ese estado, victimado el jueves pasado.

Tan sólo en el estado de Chihuahua, en menos de tres meses ocurrieron tres asesinatos políticos a cargo de matones que siguen sueltos: El 29 de mayo, Manuel Arroyo Galván, investigador y activista social de la Universidad Autónoma de CD. Juárez; 30 de junio, el líder de los vendedores ambulantes Géminis Ochoa; el 7 de julio, Benjamín Le Barón, dirigente de los mormones, una comunidad de campesinos ubicada en el Noreste del estado.

En Tlaxcala fue encontrado en la morgue el 26 de junio el estudiante de postgrado de la UNAM y asesor del PRD Fermín Mariano Matías (desaparecido 15 días antes); esto sumado a los asesinatos de 25 miembros del PRD en el estado de Guerrero en los 3 años que lleva el régimen de facto calderonista. A lo que habría que agregar el asesinato del catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, (25 de julio del 2008), luchador social independiente y autor de numerosos estudios sobre la historia económica y social de aquella entidad.

Lo anterior esta íntimamente relacionado con la liberación de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997 lo cual es un claro mensaje de que seguirá habiendo impunidad para los paramilitares, al mismo tiempo que indica el rumbo en el que habrá de continuar la política del régimen en estos tiempos de crisis económica, generadora un descontento sordo, que si no ha estallado ha sido por el clima de desconcierto y terror que ha infundido el ejército en amplias zonas del país con el pretexto de la guerra contra la delincuencia organizada, léase narcotráfico.

Los asesinatos de activistas sociales no son obra de la casualidad. Hay un hilo conductor que los une y que conduce a quienes los están ordenando como parte de una guerra preventiva contrainsurgente.