2030
México, 11.04.2010.- Al cumplirse 91 años del asesinato del líder agrarista y jefe guerrillero revolucionario Emiliano Zapata, México vive bajo una dictadura empresarial-militar que cumple puntualmente el plan anexionista del imperio norteamericano para llevar a cabo la destrucción del Estado Nación, apropiarse de las riquezas del país aún en poder de los pueblos originarios y la sociedad mexicana.

Con la firma del TLC en 1994, bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari surgido del fraude electoral de 1988 y la traición de Cuauhtémoc Cárdenas al pueblo que creyó en sus promesas, se inició un proceso de anexión acelerado en los tres años de la presidencia de facto del panista Felipe Calderón, quien con su guerra contra la delincuencia organizada (fachada de la guerra de baja intensidad que lleva a cabo contra el pueblo) ha puesto al Ejército mexicano bajo las órdenes del gobierno estadunidense, conforme a lo establecido en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN) firmado por los presidentes de USA, Canadá y México el 23 de marzo de 2005 y el Plan Mérida activado el 30 de junio del 2008.

La participación de más de 45 mil soldados en el combate a las bandas de la delincuencia organizada y su fracaso contundente en esa tarea; la supuesta pérdida del control territorial en regiones de México; atentados contra el personal diplomático del consulado estadounidense en Cd. Juárez hace unas semanas y el más reciente en Nuevo Laredo Tamaulipas, mediante la detonación de un artefacto explosivo el viernes, son algunos elementos que han servido como pretexto al Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, para recomendar al Pentágono una mayor participación norteamericana en la lucha contra la delincuencia en México (Proceso, Núm. 1745).
La justificación: Riesgo creciente de que la violencia traspase la frontera y peligro de que por la corrupción que caracteriza al gobierno de Calderón, la infiltración en la policía y las fuerzas armadas, etc., continúe la violencia en el país y contagie a Estados Unidos. Posición que no hace más que confirmar la tendencia hacia un mayor intervencionismo norteamericano pretextando situaciones que en realidad podrían ser “incidentes” montados desde Washington, tal como sucedió en la historia reciente de naciones como Viet Nam, Cuba, Nicaragua, Guatemala, etc., y que sirvieron como pretexto para apoyar golpes de Estado o llevar a cabo la intervención militar yanqui.

Esta hipótesis se reafirma al leer el análisis realizado por el antropólogo Gilberto López y Rivas del transexenal Proyecto México, Gran Visión 2030, de Felipe Calderón que consta de 14 documentos recién desclasificados por la presidencia de la República.
Entre los autores del proyecto destacan grandes empresarios, políticos del PRI y del PAN, académicos e intelectuales del sistema. Algunos son: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo.
También, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA. Además, Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Pro-yectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre muchos otros. (Contralinea).
Las metas del Proyecto 2030 persiguen la privatización del petróleo, energía eléctrica, agua, zonas de reserva de la biósfera, sector salud y educativo, tierras comunales de los pueblos indios y ejidos, mine-rales, playas, etc., los llamados monopolios públicos.
También se contempla impulsar las inversiones público-privadas, como la construcción de la superca-rretera que, atravesando el D.F. comunicará a Querétaro con Cuernavaca.
Desaparecer la secretaría de Energía para dar paso a la creación de la secretaría de Infraestructura. La desaparición de la CLyF es parte de esto junto con la privatización del sector eléctrico, la fibra óptica y la inversión privada en la explotación, exploración, distribución y venta del petróleo.
En la privatización del agua se ha comenzado ya con la limpieza de las cuencas por parte de entes pri-vadas y en cuanto a los recursos de la biósfera que han estado en manos de los pueblos indios durante siglos, las Unidades para la Conservación de la Vida Silvestre y el Ecoturismo las están tomando en sus manos.
Según la Secretaría de Hacienda desde 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias.
Estas son algunas de las características del plan calderonista que se está abriendo paso detrás y median-te la cortina de humo de la guerra al narco, que es también una guerra de baja intensidad que criminaliza las luchas sociales, que reprime y busca coptar a las oposiciones.
Una demostración del poder corruptor del dinero son la declaraciones del senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, llamando a la “unidad nacional” “para llevar a cabo las reformas que México necesita” apoyando de este modo a Calderón, quien durante el homenaje a Zapata, expresó la urgencia de llevar a cabo las reformas estructurales para terminar de privatizar Pe-mex y la electricidad; reformar la Ley Federal Trabajo, aprobar la reforma política y reformar la Cons-titución para dar impunidad al ejército: La mejor manera de honrar la memoria de Emiliano Zapata expuso Calderón- es “poniendo bases nuevas y duraderas al desarrollo del país y pasar de los cambios posibles a la lógica de los cambios profundos y empresarios”.
En esta misma fecha miles de campesinos agrupados en el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros concluyeron en el Zócalo de la capital mexicana una marcha que partió el 1 de abril de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reclamando la libertad de los presos políticos campesinos y de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, cambio en la política económica y restablecer en la Constitución la propiedad social y el derecho a la propiedad de la tierra para quienes la trabajan.
Por su parte los electricistas del SME anunciaron que en breve realizarán una huelga de hambre masiva reclamando su recontratación por la Comisión Federal de Electricidad conforme al contrato colectivo de trabajo que detentaban en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desparecida ilegalmente por un decreto del ejecutivo emitido tras la ocupación militar de las instalaciones hace medio año.
Por su parte miembros de La Otra Campaña intentaron expresar su repudio a la política represiva gu-bernamental y la exigencia de cese a la represión y hostigamiento contra los pueblos zapatistas, pero la policía capitalina se los impidió a toletazos y despojándolos de equipo y material gráfico, con el pretexto de que “no tenían permiso para manifestarse”, como si el zócalo no fuera un espacio público./ Tomás Oropeza Berumen

GUERRA Y TRAICIÓN
Tomás Oropeza Berumen
México, 5,04,010.- En poco más de tres años Felipe Calderón ha convertido a la semicolonia que era México en un protectorado de Estados Unidos, perdiendo la escasa autonomía relativa que tenían los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que desde la firma del TLCAN en 1994 comenzó a esfumarse, conforme a la estrategia de la potencia imperial del Norte.
Como si México fuera parte del territorio estadunidense hoy un extranjero puede entrar al país sólo exhibiendo su visa para Estados Unidos. Ya no será la SRE mexicana la que decida quienes entran al país, sino el gobierno gringo. Según confesión de Calderón el visado se exige para velar por la seguridad de Estados Unidos y para detener el flujo de emigrantes hacia ese país.
Con esta medida los ciudadanos de los 93 países que podían ingresar a México sin visado seguirán gozando de ese privilegio. Para los viajeros procedentes de 135 países pobres y en conflicto será el Tío Sam quien otorgue o niegue su visto bueno.

Por otro lado la militarización y la generalización de la violencia que la “guerra a la delincuencia organizada” ha provocado desde que se declaró la batalla contra algunos carteles del narcotráfico, con la muerte de cerca de 19 mil supuestos delincuentes (hasta el mes pasado) parece importar poco tanto para el gobierno mexicano como para el del principal consumidor de las sustancias prohibidas, pues según los planes del gobierno de Barak Obama, expresados por el jefe del Comando Norte de USA Gene Renaut, la guerra podría durar otros diez años. Y para sostenerla se está entrenando a miles de soldados mexicanos en los principios de la guerra contrainsurgente con los que el ejército norteamericano combate a la resistencia de Irak y Afganistán, porque según el Pentágono los narcos usan los mismo métodos que los “terroristas” como ellos llaman a la resistencia de esos países.

Esto es grave pues según la doctrina militar de los norteamericanos, quienes se oponen a la invasión de su país por una potencia extranjera son terroristas. Y si según ellos los narcos usan métodos similares a los terroristas, podría extenderse esa caracterización a los luchadores sociales que se oponen a la militarización del país o que organizan luchas por demandas obreras, campesinas, estudiantiles, o resisten los proyectos económicos que despojan de sus tierras a campesinos e indígenas. Serían elementos subversivos, terroristas, o parte del “enemigo interno”.

Otra muestra del papel subordinado del ejército mexicano a los proyectos de seguridad extranjeros es la noticia publicada en Milenio: de que la Guardia Civil española capacitó a diez mil policías federales en tácticas de combate al terrorismo, fenómeno que no existe en el país, a menos que caprichosamente se quiera asimilar el combate a la delincuencia con ese concepto.

Más aún: Desde hace más de un año que funciona en algún lugar secreto de la capital mexicana la Oficina Binacional de Inteligencia donde operan agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en “colaboración” con diversas corporaciones policiacas de México, sostiene el articulista Carlos Fazio (La Jornada, 05.04.010)

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos Janet Napolitano respondió a la pregunta de si el ejército de su país está interviniendo en México, hecha por el periodista Robert Siegel del noticiario All Things Considered, de National Public Radio (NPR): “Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: en forma limitada nuestro Ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del Gobierno de México, en consulta con el Gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.”

Sería ridículo pensar que los militares gringos son simples instructores técnicos. La realidad es que la orientación y la doctrina de la guerra ellos son quienes las determinan conforme con a los convenios de seguridad hemisférica que le han sido impuestos a México por Estados Unidos.
Y esa orientación es la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) aplicada hoy en todo el mundo por las potencias imperialistas para someter a los pueblos y en la “guerra antinarco” que sirve como pretexto para lograr el primer objetivo generando terror y parálisis en la población en su conjunto.

Según sus directrices combinan labores de inteligencia, acción cívica (como la que recomendó la secretaria de Estado de USA, Hillary Clinton en la visita que realizó el pasado 23 de marzo encabezando el gabinete de seguridad de EU para reunirse con sus “homólogos” mexicanos); guerra psicológica y control de la población.
Recursos todos que se están aplicando puntualmente en el país no tanto para terminar con el fenómeno narco, lo cual, como lo reconoció Calderón, es imposible, sino contra la población porque lo que en realidad se persigue en la agenda oculta acordada por el gobierno de facto panista y el Pentágono, es la destrucción del Estado mexicano y el desmembramiento del país para la apropiación de los recursos naturales mexicanos por el imperio del norte y sus socios internacionales.
Calderón reiteradamente ha cometido el delito de traición a la patria al intentar –y lograrlo hasta cierto punto- la entrega del petróleo, la electricidad y otros recursos a las empresas multinacionales.
Como sostiene el jurista Luis Javier Garrido con su petición para que el ejército norteamericanos intervenga en México “apoyando” al mexicano en el combate a los carteles de la droga: “ La demanda expresada por Calderón al presidente estadunidense constituye desde el plano político no nada más una imbecilidad que lo relega al papel de comparsa de los halcones del Pentágono, comprometiendo a la clase política en su conjunto, sino que es, desde el plano constitucional, una felonía que configura el delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal Federal, cuya comisión, de acuerdo con el segundo párrafo del 108 constitucional, constituye una de las dos gravísimas causales por las que el titular del Ejecutivo puede durante el tiempo de su encargo ser acusado, destituido y procesado conforme a las leyes penales mexicanas, todavía en vigor.” (LJ02.04.010)