GUERRA Y TRAICIÓN
Tomás Oropeza Berumen
México, 5,04,010.- En poco más de tres años Felipe Calderón ha convertido a la semicolonia que era México en un protectorado de Estados Unidos, perdiendo la escasa autonomía relativa que tenían los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que desde la firma del TLCAN en 1994 comenzó a esfumarse, conforme a la estrategia de la potencia imperial del Norte.
Como si México fuera parte del territorio estadunidense hoy un extranjero puede entrar al país sólo exhibiendo su visa para Estados Unidos. Ya no será la SRE mexicana la que decida quienes entran al país, sino el gobierno gringo. Según confesión de Calderón el visado se exige para velar por la seguridad de Estados Unidos y para detener el flujo de emigrantes hacia ese país.
Con esta medida los ciudadanos de los 93 países que podían ingresar a México sin visado seguirán gozando de ese privilegio. Para los viajeros procedentes de 135 países pobres y en conflicto será el Tío Sam quien otorgue o niegue su visto bueno.

Por otro lado la militarización y la generalización de la violencia que la “guerra a la delincuencia organizada” ha provocado desde que se declaró la batalla contra algunos carteles del narcotráfico, con la muerte de cerca de 19 mil supuestos delincuentes (hasta el mes pasado) parece importar poco tanto para el gobierno mexicano como para el del principal consumidor de las sustancias prohibidas, pues según los planes del gobierno de Barak Obama, expresados por el jefe del Comando Norte de USA Gene Renaut, la guerra podría durar otros diez años. Y para sostenerla se está entrenando a miles de soldados mexicanos en los principios de la guerra contrainsurgente con los que el ejército norteamericano combate a la resistencia de Irak y Afganistán, porque según el Pentágono los narcos usan los mismo métodos que los “terroristas” como ellos llaman a la resistencia de esos países.

Esto es grave pues según la doctrina militar de los norteamericanos, quienes se oponen a la invasión de su país por una potencia extranjera son terroristas. Y si según ellos los narcos usan métodos similares a los terroristas, podría extenderse esa caracterización a los luchadores sociales que se oponen a la militarización del país o que organizan luchas por demandas obreras, campesinas, estudiantiles, o resisten los proyectos económicos que despojan de sus tierras a campesinos e indígenas. Serían elementos subversivos, terroristas, o parte del “enemigo interno”.

Otra muestra del papel subordinado del ejército mexicano a los proyectos de seguridad extranjeros es la noticia publicada en Milenio: de que la Guardia Civil española capacitó a diez mil policías federales en tácticas de combate al terrorismo, fenómeno que no existe en el país, a menos que caprichosamente se quiera asimilar el combate a la delincuencia con ese concepto.

Más aún: Desde hace más de un año que funciona en algún lugar secreto de la capital mexicana la Oficina Binacional de Inteligencia donde operan agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en “colaboración” con diversas corporaciones policiacas de México, sostiene el articulista Carlos Fazio (La Jornada, 05.04.010)

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos Janet Napolitano respondió a la pregunta de si el ejército de su país está interviniendo en México, hecha por el periodista Robert Siegel del noticiario All Things Considered, de National Public Radio (NPR): “Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: en forma limitada nuestro Ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del Gobierno de México, en consulta con el Gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.”

Sería ridículo pensar que los militares gringos son simples instructores técnicos. La realidad es que la orientación y la doctrina de la guerra ellos son quienes las determinan conforme con a los convenios de seguridad hemisférica que le han sido impuestos a México por Estados Unidos.
Y esa orientación es la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) aplicada hoy en todo el mundo por las potencias imperialistas para someter a los pueblos y en la “guerra antinarco” que sirve como pretexto para lograr el primer objetivo generando terror y parálisis en la población en su conjunto.

Según sus directrices combinan labores de inteligencia, acción cívica (como la que recomendó la secretaria de Estado de USA, Hillary Clinton en la visita que realizó el pasado 23 de marzo encabezando el gabinete de seguridad de EU para reunirse con sus “homólogos” mexicanos); guerra psicológica y control de la población.
Recursos todos que se están aplicando puntualmente en el país no tanto para terminar con el fenómeno narco, lo cual, como lo reconoció Calderón, es imposible, sino contra la población porque lo que en realidad se persigue en la agenda oculta acordada por el gobierno de facto panista y el Pentágono, es la destrucción del Estado mexicano y el desmembramiento del país para la apropiación de los recursos naturales mexicanos por el imperio del norte y sus socios internacionales.
Calderón reiteradamente ha cometido el delito de traición a la patria al intentar –y lograrlo hasta cierto punto- la entrega del petróleo, la electricidad y otros recursos a las empresas multinacionales.
Como sostiene el jurista Luis Javier Garrido con su petición para que el ejército norteamericanos intervenga en México “apoyando” al mexicano en el combate a los carteles de la droga: “ La demanda expresada por Calderón al presidente estadunidense constituye desde el plano político no nada más una imbecilidad que lo relega al papel de comparsa de los halcones del Pentágono, comprometiendo a la clase política en su conjunto, sino que es, desde el plano constitucional, una felonía que configura el delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal Federal, cuya comisión, de acuerdo con el segundo párrafo del 108 constitucional, constituye una de las dos gravísimas causales por las que el titular del Ejecutivo puede durante el tiempo de su encargo ser acusado, destituido y procesado conforme a las leyes penales mexicanas, todavía en vigor.” (LJ02.04.010)