GUERRA Y TRAICIÓN
Tomás Oropeza Berumen
México, 5,04,010.- En poco más de tres años Felipe Calderón ha convertido a la semicolonia que era México en un protectorado de Estados Unidos, perdiendo la escasa autonomía relativa que tenían los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que desde la firma del TLCAN en 1994 comenzó a esfumarse, conforme a la estrategia de la potencia imperial del Norte.
Como si México fuera parte del territorio estadunidense hoy un extranjero puede entrar al país sólo exhibiendo su visa para Estados Unidos. Ya no será la SRE mexicana la que decida quienes entran al país, sino el gobierno gringo. Según confesión de Calderón el visado se exige para velar por la seguridad de Estados Unidos y para detener el flujo de emigrantes hacia ese país.
Con esta medida los ciudadanos de los 93 países que podían ingresar a México sin visado seguirán gozando de ese privilegio. Para los viajeros procedentes de 135 países pobres y en conflicto será el Tío Sam quien otorgue o niegue su visto bueno.

Por otro lado la militarización y la generalización de la violencia que la “guerra a la delincuencia organizada” ha provocado desde que se declaró la batalla contra algunos carteles del narcotráfico, con la muerte de cerca de 19 mil supuestos delincuentes (hasta el mes pasado) parece importar poco tanto para el gobierno mexicano como para el del principal consumidor de las sustancias prohibidas, pues según los planes del gobierno de Barak Obama, expresados por el jefe del Comando Norte de USA Gene Renaut, la guerra podría durar otros diez años. Y para sostenerla se está entrenando a miles de soldados mexicanos en los principios de la guerra contrainsurgente con los que el ejército norteamericano combate a la resistencia de Irak y Afganistán, porque según el Pentágono los narcos usan los mismo métodos que los “terroristas” como ellos llaman a la resistencia de esos países.

Esto es grave pues según la doctrina militar de los norteamericanos, quienes se oponen a la invasión de su país por una potencia extranjera son terroristas. Y si según ellos los narcos usan métodos similares a los terroristas, podría extenderse esa caracterización a los luchadores sociales que se oponen a la militarización del país o que organizan luchas por demandas obreras, campesinas, estudiantiles, o resisten los proyectos económicos que despojan de sus tierras a campesinos e indígenas. Serían elementos subversivos, terroristas, o parte del “enemigo interno”.

Otra muestra del papel subordinado del ejército mexicano a los proyectos de seguridad extranjeros es la noticia publicada en Milenio: de que la Guardia Civil española capacitó a diez mil policías federales en tácticas de combate al terrorismo, fenómeno que no existe en el país, a menos que caprichosamente se quiera asimilar el combate a la delincuencia con ese concepto.

Más aún: Desde hace más de un año que funciona en algún lugar secreto de la capital mexicana la Oficina Binacional de Inteligencia donde operan agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en “colaboración” con diversas corporaciones policiacas de México, sostiene el articulista Carlos Fazio (La Jornada, 05.04.010)

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos Janet Napolitano respondió a la pregunta de si el ejército de su país está interviniendo en México, hecha por el periodista Robert Siegel del noticiario All Things Considered, de National Public Radio (NPR): “Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: en forma limitada nuestro Ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del Gobierno de México, en consulta con el Gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.”

Sería ridículo pensar que los militares gringos son simples instructores técnicos. La realidad es que la orientación y la doctrina de la guerra ellos son quienes las determinan conforme con a los convenios de seguridad hemisférica que le han sido impuestos a México por Estados Unidos.
Y esa orientación es la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) aplicada hoy en todo el mundo por las potencias imperialistas para someter a los pueblos y en la “guerra antinarco” que sirve como pretexto para lograr el primer objetivo generando terror y parálisis en la población en su conjunto.

Según sus directrices combinan labores de inteligencia, acción cívica (como la que recomendó la secretaria de Estado de USA, Hillary Clinton en la visita que realizó el pasado 23 de marzo encabezando el gabinete de seguridad de EU para reunirse con sus “homólogos” mexicanos); guerra psicológica y control de la población.
Recursos todos que se están aplicando puntualmente en el país no tanto para terminar con el fenómeno narco, lo cual, como lo reconoció Calderón, es imposible, sino contra la población porque lo que en realidad se persigue en la agenda oculta acordada por el gobierno de facto panista y el Pentágono, es la destrucción del Estado mexicano y el desmembramiento del país para la apropiación de los recursos naturales mexicanos por el imperio del norte y sus socios internacionales.
Calderón reiteradamente ha cometido el delito de traición a la patria al intentar –y lograrlo hasta cierto punto- la entrega del petróleo, la electricidad y otros recursos a las empresas multinacionales.
Como sostiene el jurista Luis Javier Garrido con su petición para que el ejército norteamericanos intervenga en México “apoyando” al mexicano en el combate a los carteles de la droga: “ La demanda expresada por Calderón al presidente estadunidense constituye desde el plano político no nada más una imbecilidad que lo relega al papel de comparsa de los halcones del Pentágono, comprometiendo a la clase política en su conjunto, sino que es, desde el plano constitucional, una felonía que configura el delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal Federal, cuya comisión, de acuerdo con el segundo párrafo del 108 constitucional, constituye una de las dos gravísimas causales por las que el titular del Ejecutivo puede durante el tiempo de su encargo ser acusado, destituido y procesado conforme a las leyes penales mexicanas, todavía en vigor.” (LJ02.04.010)

VENDEPATRIAS

Tomás Oropeza Berumen


En los hechos el gobierno de facto de Felipe Calderón ha convertido a México en un protectorado de Estados Unidos al reconocer que no tiene la capacidad para derrotar a la “minoría ridícula” que según él constituye la delincuencia organizada a la que declaró la guerra en diciembre del 2006, a pesar de haber militarizado el país e impuesto un virtual e ilegal estado de excepción en varias regiones.

Ya antes el general brigadier Benito Medina, director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, había expresado lo mismo al sostener: “No podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente no es el Ejército, todo México no puede solo, necesitamos de la colaboración de la comunidad internacional”, aseveración que aparte de mostrar la baja moral de quienes deben velar por la soberanía nacional, es un franco llamado a la intervención de otros países en México para apoyar al gobierno panista en la misión de evitar que lleguen a suelo de Estados Unidos las sustancias que consumen los hijos del Tío Sam.

Más aún: Calderón se niega a discutir la legalización de las drogas arguyendo que mientras en Estados Unidos no se debata el tema, aquí tampoco se hará. Reconociendo con ello el papel subordinado de su gobierno al del vecino del Norte, donde se decide lo que aquí se tiene que hacer.

Y a pesar de que para su guerrita contra el narco esta violentando la Constitución mexicana y los derechos humanos de miles de mexicanos, sostuvo en entrevista para un medio estadounidense que lo único que pretende es “hacer que se respete la ley” aceptando que es “imposible acabar con las drogas y su consumo”

En una entrevista hecha por Fareed Zakaria, conductor del programa GPS de la cadena CNN, Fecal de plano dio muestras de extravío mental al sostener, contradiciendo el discursito que ha sostenido desde diciembre del 2006: “Mi objetivo principal no es acabar con las drogas ni eliminar su consumo. Eso es imposible. Mi objetivo es fortalecer la ley mexicana. Quiero hacer de México un país donde se respete la ley, porque ése es el primer paso para el desarrollo.”

Más allá de los galimatías presidenciales, la inusitada reunión de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida realizada el martes pasado entre el gabinete de seguridad del gobierno norteamericano y el de Calderón, unos días después del asesinato de tres personas vinculadas al consulado norteamericano en Cd. Juárez, indudablemente tuvo por objeto dejar claro quién manda al sur del Río Bravo en el Estado fallido mexicano.

La visita de los enviados del continuador de la política del ex presidente George Bush, Barak Obama, encabezados por la secretaria de Estado Hillary Clinton; de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; el secretario de Defensa, Robert Gates; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen constituye una intimidante señal para quienes se niegan a admitir la anexión silenciosa de México a USA, acelerada desde 1994 en que el gobierno de Carlos Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Según la poca información que ha trascendido sobre lo que se trató en esa reunión, se reconoció la necesidad de añadir al Plan Mérida el aspecto de la política social, en vista de que hasta ahora no ha tenido éxito la pura acción policiaco- militar. Por lo que en adelante el gobierno gringo podrá meter las manos en la relación del gobierno mexicano con la sociedad, dizque para regenerar el tejido social siguiendo el modelo inventado para Ciudad Juárez, Chih., impuesto sin consenso con la sociedad fronteriza en donde continúa la presencia castrense a pesar del repudio popular.

Aunque según la versión oficial del resultado de la reunión la representación norteamericana reconoció la parte de responsabilidad que le corresponde, el escenario de la guerra seguirá siendo nuestro país, en donde a todas luces el gobierno y el ejército no han logrado el control de la situación, como lo demuestra la situación en Monterrey, NL, con los bloqueos de calles supuestamente realizados por las bandas de delincuentes y donde - al parecer por error- el ejército mató a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), tratando luego de ocultar su responsabilidad, primero tachándolos de sicarios y luego ocultando su identidad despojándolos de sus identificaciones que “desaparecieron”. Además sospechosamente los jóvenes estudiantes de postgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, tenían los rostros desfigurados por golpes, según denuncia de sus familiares.

Otro caso que ha llamado la atención y puesto en evidencia la brutalidad de la Marina y/o de la policía regiomontana -corporaciones que se echan mutuamente la culpa- es el asesinato de un presunto narco menudista, José Humberto Martínez Campean de 26 años, quien fue levantado por los marinos ante las cámaras de televisión y más tarde apareció muerto y con huellas de tortura.

Una cosa es cierta: en la supuesta guerra de Calderón contra los carteles de la droga, han muerto más hombres y mujeres que en la intervención norteamericana en Irak, donde desde 2003 a la fecha han perecido 4 mil 386 soldados invasores norteamericanos, desconociéndose el número de iraquíes victimados, mientras que en México han muerto más de 18 mil hombres y mujeres, principalmente jóvenes en las vendetas entre las mafias y enfrentamientos con los cuerpos policíacos y castrences.