lunes, marzo 29, 2010



VENDEPATRIAS

Tomás Oropeza Berumen


En los hechos el gobierno de facto de Felipe Calderón ha convertido a México en un protectorado de Estados Unidos al reconocer que no tiene la capacidad para derrotar a la “minoría ridícula” que según él constituye la delincuencia organizada a la que declaró la guerra en diciembre del 2006, a pesar de haber militarizado el país e impuesto un virtual e ilegal estado de excepción en varias regiones.

Ya antes el general brigadier Benito Medina, director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, había expresado lo mismo al sostener: “No podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente no es el Ejército, todo México no puede solo, necesitamos de la colaboración de la comunidad internacional”, aseveración que aparte de mostrar la baja moral de quienes deben velar por la soberanía nacional, es un franco llamado a la intervención de otros países en México para apoyar al gobierno panista en la misión de evitar que lleguen a suelo de Estados Unidos las sustancias que consumen los hijos del Tío Sam.

Más aún: Calderón se niega a discutir la legalización de las drogas arguyendo que mientras en Estados Unidos no se debata el tema, aquí tampoco se hará. Reconociendo con ello el papel subordinado de su gobierno al del vecino del Norte, donde se decide lo que aquí se tiene que hacer.

Y a pesar de que para su guerrita contra el narco esta violentando la Constitución mexicana y los derechos humanos de miles de mexicanos, sostuvo en entrevista para un medio estadounidense que lo único que pretende es “hacer que se respete la ley” aceptando que es “imposible acabar con las drogas y su consumo”

En una entrevista hecha por Fareed Zakaria, conductor del programa GPS de la cadena CNN, Fecal de plano dio muestras de extravío mental al sostener, contradiciendo el discursito que ha sostenido desde diciembre del 2006: “Mi objetivo principal no es acabar con las drogas ni eliminar su consumo. Eso es imposible. Mi objetivo es fortalecer la ley mexicana. Quiero hacer de México un país donde se respete la ley, porque ése es el primer paso para el desarrollo.”

Más allá de los galimatías presidenciales, la inusitada reunión de Alto Nivel para la Iniciativa Mérida realizada el martes pasado entre el gabinete de seguridad del gobierno norteamericano y el de Calderón, unos días después del asesinato de tres personas vinculadas al consulado norteamericano en Cd. Juárez, indudablemente tuvo por objeto dejar claro quién manda al sur del Río Bravo en el Estado fallido mexicano.

La visita de los enviados del continuador de la política del ex presidente George Bush, Barak Obama, encabezados por la secretaria de Estado Hillary Clinton; de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; el secretario de Defensa, Robert Gates; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen constituye una intimidante señal para quienes se niegan a admitir la anexión silenciosa de México a USA, acelerada desde 1994 en que el gobierno de Carlos Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Según la poca información que ha trascendido sobre lo que se trató en esa reunión, se reconoció la necesidad de añadir al Plan Mérida el aspecto de la política social, en vista de que hasta ahora no ha tenido éxito la pura acción policiaco- militar. Por lo que en adelante el gobierno gringo podrá meter las manos en la relación del gobierno mexicano con la sociedad, dizque para regenerar el tejido social siguiendo el modelo inventado para Ciudad Juárez, Chih., impuesto sin consenso con la sociedad fronteriza en donde continúa la presencia castrense a pesar del repudio popular.

Aunque según la versión oficial del resultado de la reunión la representación norteamericana reconoció la parte de responsabilidad que le corresponde, el escenario de la guerra seguirá siendo nuestro país, en donde a todas luces el gobierno y el ejército no han logrado el control de la situación, como lo demuestra la situación en Monterrey, NL, con los bloqueos de calles supuestamente realizados por las bandas de delincuentes y donde - al parecer por error- el ejército mató a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), tratando luego de ocultar su responsabilidad, primero tachándolos de sicarios y luego ocultando su identidad despojándolos de sus identificaciones que “desaparecieron”. Además sospechosamente los jóvenes estudiantes de postgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, tenían los rostros desfigurados por golpes, según denuncia de sus familiares.

Otro caso que ha llamado la atención y puesto en evidencia la brutalidad de la Marina y/o de la policía regiomontana -corporaciones que se echan mutuamente la culpa- es el asesinato de un presunto narco menudista, José Humberto Martínez Campean de 26 años, quien fue levantado por los marinos ante las cámaras de televisión y más tarde apareció muerto y con huellas de tortura.

Una cosa es cierta: en la supuesta guerra de Calderón contra los carteles de la droga, han muerto más hombres y mujeres que en la intervención norteamericana en Irak, donde desde 2003 a la fecha han perecido 4 mil 386 soldados invasores norteamericanos, desconociéndose el número de iraquíes victimados, mientras que en México han muerto más de 18 mil hombres y mujeres, principalmente jóvenes en las vendetas entre las mafias y enfrentamientos con los cuerpos policíacos y castrences.

lunes, marzo 22, 2010


LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO

Tomás Oropeza Berumen

México, 22.03.010.- En esta primavera el gobierno que encabeza Felipe Calderón a nombre del gran capital, esta empeñado en lograr las reformas laboral, petrolera, política y de seguridad nacional. Se trata de imponer a la clase trabajadora y al pueblo todo, un modelo económico caracterizado por mayores ventajas para la explotación de la fuerza laboral; así como de obstruir -más aún- las vías legales para la lucha por las reivindicaciones laborales y populares.

Consciente de que el malestar popular sigue creciendo en un país con más de siete millones de jóvenes sin acceso a la educación ni al trabajo formal y donde el 70 por ciento de la población económicamente activa subsiste en la economía informal, Calderón sigue militarizando el territorio nacional, a pesar de las protestas populares, como ocurre en Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulípas, sin mayor éxito en la erradicación del fenómeno que dice combatir, pero generando un miedo paralizante en la población que se ha vuelto rehén de los cárteles del narco y los militares.

Pese a esto, y de manera ejemplar, en Cd. Juárez, Chih. las organizaciones populares y estudiantiles se expresaron con energía el 16 de marzo durante la tercera visita de Calderón a esa frontera, donde nuevamente fue repudiado por los familiares de los estudiantes muertos el 31 de enero, las madres de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas y estudiantes universitarios.

En la capital del país y cundo menos diez entidades, ese mismo día se realizó una huelga política nacional convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y decenas de organizaciones populares entre las que destacaron por su combatividad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, sectores de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la Otra Campaña, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estudiantes de la UNAM y el Politécnico.

Y en medio de la extraña huelga del SME, consistente en colocar las banderas rojinegras en las entradas de 400 centros laborales de la “extinta” Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), hoy en poder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se produjo la represión de la Policía Federal, que disparó bombas lacrimógenas contra los trabajadores y afectó severamente a los bebés de una guardería, así como a niños de una escuela en el centro del D.F. También las fuerzas del orden calderonista macanearon e hirieron a varios electricistas en Necaxa, Puebla y Juandhó, Hidalgo.

Podría decirse que el gobierno de FC se ha propuesto doblegar aún más a los trabajadores para cumplir los compromisos con el empresariado que lo colocó en la silla presidencial con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el ejército, después de un proceso electoral fraudulento en 2006.
Ese es el objetivo que se pretende con la reforma a la Ley Federal del Trabajo cuyo proyecto fue entregado la semana pasada al Congreso para su discusión y aprobació.

A decir de los diputados del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) mediante los cambios a la legislación laboral se crearán más empleos, estimulará la inversión nacional y extranjera, incrementará la productividad, México será más atractivo para los inversionistas, etc., etc.
Pero desde la perspectiva de los trabajadores se pretende: cancelar el derecho de huelga; legalizar: los despidos sin indemnización; el establecimiento de los periodos de prueba; legalizar la subcontratación (outsourcing); las funciones polivalentes; hacer imposible el establecimiento de los contratos colectivos y la organización sindical, en fin se trata de crear empleos chatarra, incapaces de permitir a los trabajadores la obtención de un ingreso digno y suficiente.


Ante las críticas a esta ley cien por ciento pro patronal, el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón ha respondido que es preferible al desempleo.

Otro tema que ha saltado a la palestra en el 72 aniversario de la expropiación petrolera es la pretensión gubernamental de reformar la ley para privatizar Pemex y de plano entregar lo que aún permanece en manos del Estado de esa empresa paraestatal al capital privado. Ahora, como en 2008 -y siempre- el PAN intenta reformar la ley para que el capital “mexicano fortalezca” a Pemex.

Calderón y sus huestes sostienen que el Estado seguirá siendo rector en materia petrolera. La misma mentira con la que justificaron el decreto de extinción de L y FC cuyos bienes están siendo rematados a compañías extranjeras. Y la fibra óptica malbaratada a Televisa asociada ahora con las españolas Megacable y Telefónica.

Con lo que no cuentan Calderón, el PAN y El Yunque, es con la necia resistencia que durante tres décadas y a pesar de las traiciones de la izquierda domesticada, ha impedido la plena imposición de las reformas estructurales neoliberales.

El levantamiento de los pueblos zapatistas en 1994 contra el TLC, la huelga estudiantil de 1999-2000 en defensa de la gratuidad educativa en la UNAM; la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra la construcción de un mega aeropuerto en tierras comunales, son demostración de que a un siglo del estallido de la revolución de 1910- 17 en el subsuelo del país sigue vivo el espíritu de rebelión.
Los electricistas del SME, los mineros de Cananea, el pueblo de Cd. Juárez y muchos otros contingentes están hoy en pie de lucha y convocando a un referendo a realizarse el 21, 22 y 23 de mayo para echar abajo, pacíficamente, al presidente del desempleo y la muerte.