SIGUE LA CAIDA ECONÓMICA Y CRECE LA REPRESIÓN

Tomás Oropeza Berumen

México, 25 de enero del 2010.- Mientras los organismos financieros internacionales, cuya intromisión en la política económica de México lo llevaron a la recesión que hoy vive, aseguran que el 2010 no será el año de la recuperación, Felipe Calderón afirma sin rubor todos los días que la economía del país se esta reponiendo de la brutal caída de 7.1 por ciento del PIB registrada el año pasado. Sin embargo, el Banco Mundial estima que el PIB en 2010 y 2011 “apenas servirá para recuperar la perdida de riqueza provocada por la recesión del 2009”.

Aún mas: según el Inegi el desempleo alcanzó en diciembre pasado la cifra de 2 millones 256 (41% arriba de lo registrado al inicio del sexenio). El número de personas que se mal ganan la vida en la economía informal alcanzó los 25.7 millones (58.7 por ciento) según ese organismo gubernamental al que no debemos tenerle demasiada confianza. Por su parte las exportaciones mexicanas tuvieron el año pasado una caída de 21.2 por ciento respecto al 2008; las exportaciones petroleras cayeron 39 por ciento. La inflación, según el Banco de México en la primera quincena de enero fue de 0.75 por ciento, es decir cinco veces superior a la de enero del 2009, cuando fue de 0.15 por ciento.

Pero además de las negras perspectivas económicas para millones de mexicanos, la represión y la criminalización contra los movimientos sociales, siguen en ascenso en todo el país junto con los asesinatos cotidianos supuestamente cometidos en los ajustes de cuentas entre delincuentes, como la escalofriante matanza de 24 reclusos en el penal de Gómez Palacio, Durango, supuestamente en una riña entre pandillas el 20 de enero.

La situación es tan grave que Human Rights Watch, señala en su informe sobre México que Calderón al delegar en el ejército y la marina el combate al narcotráfico estas “han cometido graves violaciones a los derechos humanos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”.

El desastre económico y social mexicano es tan evidente que hasta la Coparmex afirmó la semana pasada que a 16 años del ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del levantamiento indígena zapatista, “siguen vigentes las causas que produjeron la rebelión”. El presidente de ese reaccionario organismo patronal, Gerardo Gutiérrez Candini, reconoció que, según datos oficiales en el país 51 por ciento de la población vive en pobreza y casi 20 millones en pobreza extrema. Pauperización que inevitablemente se agudizará por el cierre de empresas derivado de la caída en la inversión extranjera que fue de 41 por ciento en México, según estudio de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Para colmo los recientes aumentos de los impuestos, servicios y combustibles harán tronar las previsiones inflacionarias del Banco de México (3%) elevándolas según expertos a 5.44%.

En materia de derechos humanos la cosa ha empeorado respecto a 1994, pues bajo “el gobierno del cambio” han aumentado sensiblemente los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos de los que 98 por ciento no se castigan, según el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Alberto Brunori. Tan solo de enero a agosto del año pasado, se documentaron 128 asesinatos de periodistas y activistas en los estados de Oaxaca, DF, Guerrero, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua y Sinaloa.

La destartalada vida política mexicana está llegando a niveles tragicómicos, ahora con la alianza del PRD y el PAN, dizque para vencer al PRI, el aliado natural e histórico del bloque mafioso blanquiazul. Demostrándose con ello que hoy por hoy no existen opciones electorales para el pueblo mexicano, donde los comicios son una farsa para simular la verdadera dictadura del capital.

Como en Ciudad Juárez, de donde no se han ido, como dice el intervencionista embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. Así lo demuestra el cateo por soldados del domicilio de Carlos Jeffin Fong Ronquillo, miembro del equipo redactor de La Gota e integrante del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), quien trató de impedir que su casa fuera cateada sin la orden de un juez.

No olvidemos que allá han sido asesinados más de 2 mil 500 personas, de las 16 mil que han muerto en la narcoguerra calderonista y que casualmente muchos de los activistas que se han opuesto a la intervención del ejército en tareas policiacas han caído, como sucedió en los primeros días del años con la luchadora social Josefina Reyes, también participante en el FNCR.

Otros que han sido colocados en la mira de la represión gubernamental son los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes a la cabeza de más de 18 mil trabajadores siguen luchando por su reinstalación conforme a su contrato colectivo de trabajo y preparan junto con otros sindicatos y agrupaciones sociales, una marcha gigantesca para el próximo 29 de enero.

TODOS CONTRA EL GOBIERNO NEOPORFIRISTA

Tomás Oropeza Berumen

México, 17.01.2010.- Bajo el impacto de los incrementos en los precios y las heladas ráfagas de los vientos invernales el movimiento de los 18 mil electricistas del SME, que se niegan a aceptar la liquidación prosigue en pie de lucha.
Al aguantar las tres semanas de las vacaciones de fin de año y la parafernalia ideológica navideña que hunde en el sopor a un país que se está desmoronando, los electricistas y sus familias, ahora junto con decenas de organizaciones sociales y laborales, han comenzado a organizar la marcha contra la carestía y el desempleo a realizarse el viernes 29 de enero. Y días después llevar a cabo una Convención Nacional para discutir las tareas que permitan nada menos que construir un movimiento capaz de destituir al responsable de la parálisis económica y la ascendente violencia que vive el país: el señor Felípe Calderón.

Por ahora, gracias a las movilizaciones incesantes los electricistas han sido llamados a Gobernación para “reanudar el diálogo” con funcionarios de segundo nivel, cosa que más bien parece una trampa para alimentar ilusiones entre estos trabajadores, quienes -por si las moscas- no suspenderán las movilizaciones programadas y acordadas con los sectores que les han brindado su apoyo.

En la capital y el estado de México el mal tiempo y los ventarrones están actuando a favor del SME y demostrando la debilidad de la infraestructura de la liquidada Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que funcionaba gracias el ingenio y la creatividad de sus trabajadores.
Hoy no se dan abasto los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni los semi esclavos de las ocho empresas que la apoyan para reparar las fallas y descomposturas en varias delegaciones políticas de la capital del país.
Tan solo en el Distrito Federal el sábado los apagones afectaron a casi medio millón de usuarios y provocaron mayores dificultades en las arterias viales donde los semáforos no funcionaban. Incluso se produjeron dos muertes de personas que intentaron reparar fallas del sistema, ante la tardanza de la CFE.

Los nombres de las compañías que se están encargando de auxiliar a la CFE “empresa de clase mundial” según la propaganda gubernamental, son: Proyectos Eléctricos Ramírez, Hursa y Melqro, Construléctrica Mexicana, Coelse y Jusamo, Construcciones Eléctricas Torres y Cebsa. Todas ellas con sus matrices en la provincia. Y según La Jornada los salarios de los 200 empleados que laboran en ellas es de mil y 1500 pesos semanales. Estos operarios proceden de Guanajuáto, Colima e Hidalgo y viven en un insalubre barracón vigilado las 24 horas por la Policía Federal. Ahí duermen y comen, alejados de sus familias.
Es evidente que estos trabajadores, la mayoría muy jóvenes, no cuentan con los conocimientos técnicos ni el equipo adecuado para sustituir a los del SME y que sus derechos laborales y humanos están siendo violentados por las empresas mencionadas, la CFE y el gobierno de Calderón, que generó con su decretazo liquidador del 10 de octubre el conflicto que ya cumplió cuatro meses, con tal de golpear a la clase trabajadora organizada, destruir un sindicato combativo y su contrato colectivo de trabajo.

Y también para avanzar en la anticonstitucional privatización de la electricidad y poner el negocio del triple play (telefonía, internet y televisión) en manos de connotados panistas y los oligarcas de los medios electrónicos de comunicación, Carlos Salinas Pliego (TV Azteca) y Emilio Azcárraga Milmo (Televisa).
Los mil 100 kilómetros de red de fibra óptica de la “extinta” CLFC y los 26 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE son el platillo que el gobierno del empleo está sirviendo a la oligarquía para que con esa infraestructura pagada por el pueblo mexicano incrementen su fortuna.
El SME lo ha dicho en sus volantes, desplegados y mítines: en el centro del país se encuentra el mayor mercado para el triple play, nada menos que 27 mil 273 clientes potenciales por kilómetro. En el resto del país, la que atendía la CFE se calcula en 2 mil 961 los clientes potenciales por kilómetro.
Si Calderón se sale con la suya, como es muy probable que ocurra dada la abulia de la sociedad mexicana y la parsimonia del PRD (más preocupado por ahora en armar sus candidaturas en los 15 estados donde se realizarán elecciones, promoviendo a personajes del hampa política de la talla de Pancho Cachondo (Yucatán); Lino Corrodi, en Tamaulipas o el fanático religioso Gregorio Sánchez Martinez en Quintana Roo como candidatos) el acceso al Internet, telefonía y televisión sólo llegara a quienes puedan pagarlo a las tarifas impuestas por los monopolios. Mucho mayores que las proyectadas por el SME en su plan para llevar esos servicios a todos los usuarios del servicio eléctrico.

Pero no todo esta escrito. Todavía falta ver cuál será la reacción del pueblo mexicano en este 2010 en que el gobierno neo porfirista pretende imponer una reforma política que implica la reelección; un mayor control sobre la población con una cédula de identidad disfrazada de credencial del IFE; la reforma a la Ley Federal del Trabajo para cancelar el derecho de huelga y la contratación colectiva (como hoy mismo se está haciendo en las empresas citadas y cadenas departamentales como Wall Mart) y donde ejército y policías siguen cometiendo toda clase de abusos contra la población a nombre de la guerrita de Calderón y los gringos contra el narcotráfico que esta sirviendo como un pretexto para imponer un estado de sitio, asesinar activistas sociales y aterrorizar a la población, como en la fronteriza CD. Juárez.