CRISIS Y REPRESIÓN


Tomás Oropeza Berumen

México, 26, 07, 09.- El gobierno de facto encabezado por Felipe Calderón ha sido reprobado en estos días en tres ocasiones. Primero el 5 de julio pasado, cuando de un universo de 77 millones de empadronados, más del 60 por ciento rechazó mediante la abstención (54.92%) y la anulación del voto (5.39 %) sufragar por el PAN o cualquier otro partido al desconfiar de los partidos y del proceso electoral intermedio porque este estuvo controlado por el mismo Instituto Federal Electoral (IFE) que validó el fraude del 2006.

Segundo: por el 27 por ciento que votó por otros partidos, que no obstante su mayoritaria orientación neoliberal fueron “preferidos” por los electores. De tal suerte que para el blanquiazul sólo lo respalda menos del 13 por ciento de los sufragios.

Y tercero: la semana pasada el régimen de Felipe Calderón volvió a ser reprobado, ahora por un grupo de académicos y científicos de instituciones educativas de diversa orientación que lo calificaron con 5.18 colocándole las orejas de burro por dos años y medio de tonterías que han llevado al país a la lamentable situación en que se encuentra.

Al comparar las promesas de campaña y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del michoacano que se apoyó en el ejército para tomar posesión del Ejecutivo, los investigadores de la UNAM y del CIDE establecieron en el documento Evaluación del desempeño del Poder Ejecutivo la conclusión de que en materia de desarrollo social, desarrollo económico, seguridad pública, protección del medio ambiente, política internacional, etc., el autodenominado presidente del empleo ha resultado ser un fiasco.

Pese a todo lo anterior y sin variar la estrategia de política económica a pesar de que la crisis ha demostrado contundentemente que neoliberalismo está en quiebra, hace unos días el secretario de Hacienda Agustín Carstens, anunció un recorte por 50 mil millones de pesos (unos 3 mil 770 millones de dólares) al presupuesto, que sumados con el recorte de 35 mil millones de pesos efectuado en mayo, le restan 85 mil millones de pesos al gasto público presupuestado para este año.
Según la explicación de Carstens la decisión tuvo que tomarse por la caída en los ingresos del gobierno por 480 mil millones de pesos (unos 36 mil 200 millones de dólares) por la baja en la venta y la producción de petróleo (500 mil barriles diarios menos).
El gasto público programado para este año se ubicaba en 2.32 billones (unos 175 mil millones de dólares), pero con el ajuste anunciado quedará en 2.23 billones de pesos (más de 168 mil millones de dólares).
Además anunció el Chicago Boy del ITAM que también se realizará un ajuste en las participaciones de los estados por 50 mil millones de pesos.

Un 78 por ciento del recorte se hará en el gasto corriente y el restante 22 por ciento en bienes inmuebles y obras públicas. Medida esta que deprimirá más aún la economía que este semestre tendrá una contracción de 9 por ciento, según cifras oficiales.

Y aunque el desempleo crece todos los días y las ventas al mayoreo registraron en mayo una caída de 16.6 por ciento, la mayor en 13 años y el sector servicios que contribuye con casi 59 por ciento al producto interno bruto (PIB), se contrajo 13.2 por ciento respecto del mismo lapso del año anterior (reporta el Inegi en su Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales) ahora Carstens anuncia que presentará al Congreso en septiembre, un proyecto de reforma fiscal para gravar alimentos y medicinas, junto con el plan presupuestario para el 2010.

Cabe señalar que en ese recorte la educación será afectada, pero a tono con la política militarista – policíaca de Calderón no se tocará el presupuesto dedicado al ejercito y las policías. Y en vista del desastre existente en los que sobrevive del sistema de salud y el rebrote de la epidemia de influenza humana (H1N1) tampoco se afectará lo presupuestado para ese sector.

No cabe duda de que el recorte al presupuesto provocará mayor desempleo, pobreza, tensión social e incremento de la delincuencia, pues no es otro el camino que les están dejando a los millones de sin trabajo que ahora han visto cerrarse las válvulas de la emigración a Estados Unidos o a Canadá.

Situación que, conforme al evangelio calderonista deberá ser reprimida con el su instrumento favorito: el Ejército, por ello le está otorgando a este mayor libertad para actuar impunemente. Como lo demuestra la ampliación del fuero militar decretada por Calderón publicada en el Diario Oficial de la Federación (22/07) que contiene la reforma al reglamento interior de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), atribuyéndole amplias facultades al procurador general de Justicia Militar para representar al Ejecutivo en las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los juicios de amparo que provengan del Ejecutivo y de las autoridades superiores de la propia secretaría. Lo cual viola el artículo 13 de la Constitución Política Mexicana, porque en opinión del secretario de la Comisión de la Defensa Nacional Alfonso Suárez del Real, permite un deslinde de la responsabilidad institucional que tiene el titular Ejecutivo como jefe de las fuerzas armadas para asumir los costos de la actuación de las mismas.
Esto casualmente ocurre en un momento en el que el ejército esta bajo la lupa de las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos de Estados Unidos y de México, así como bajo el examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su papel en funciones de seguridad pública y la llamada guerra contra el crimen organizado.
Es claro. Calderón da la espalda a desastrosa realidad en que se encuentra y pretende seguir avanzando en la realización de las reformas privatizadoras neoliberales, a sabiendas de que eso provocará un estallido social cuya represión ya está preparando.