CALDERON CRIMINALIZA LA LUCHA SOCIAL Y FRACASA EN SU GUERRA A LA DELINCUENCIA

Tomás Oropeza Berumen

México, 23.08. 2008.- Aunque los indicadores económicos y los síntomas de descomposición social del país indican que el futuro inmediato es incierto para la inmensa mayoría de los mexicanos, todo mundo sabe que el reciente cónclave del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) donde se acordaron 75 mediadas para continuar la costosa guerra del gobierno de facto de Felipe Calderón contra la delincuencia, será un completo fracaso.

Los 28 asesinatos registrados en varias entidades, 13 de ellos en la fronteriza Cd. Juárez cuando todavía sonaba el eco de las declaraciones realizadas por connotados delincuentes que asistieron a esa reunión -como la “maestra” Elba Esther Gordillo, el gober precioso de Puebla, Mario Marín; el asesino serial Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca; el líder petrolero Carlos Romero Deschamps o el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, confeso de realizar contratos con PEMEX cuando ejerció un cargo que se lo impedía- además de muchos otros turbios antecedentes, y las 6 narcomantas colgadas en la militarizada capital de Chihuahua, mientras se realizaba una reunión nacional de Procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia, es una demostración del poco respeto que a los capos del hampa les inspiran esas espectaculares cumbres políticas, militares y policíacas donde cuentan con más de tres aliados.

Sin embargo es preocupante que uno de los asistentes a esa reunión, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza haya expresado insistentemente en varios foros posteriores a la matanza de 14 personas, entre ellas un bebé de un año, en el poblado serrano de Creel, que debería modificarse el régimen de las garantías individuales y los derechos humanos de los mexicanos para combatir con mayor eficacia a la delincuencia.

Si bien es sabido que poco respeto existe a las garantías individuales por parte del ejército y las policías en las urbes y zonas rurales de México, el punto de vista de Reyes Baeza apunta hacia donde se dirigen las cosas. Igualmente las declaraciones de la Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, quien sin prueba alguna sostuvo que la masacre de Creel era obra de “terroristas civiles” que pretendían desestabilizar al estado y al país, razón por lo cual era necesario “combatirlos con otros medios, dado que son más peligrosos que el narco”. Apuntalando así la tesis de Reyes Baeza y creando el novedoso fantasma del “terrorismo civil”, cualquier cosa que eso signifique.

Al mismo tiempo que se realizaba la aparatosa sesión del CNS bajo un cerco militar en el Palacio Nacional convertido en un búnker, un siniestro juez de Texcoco sentenció a una virtual cadena perpetúa a 13 campesinos convertidos por el gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto y el ex presidente Vicente Fox en presos políticos por defender sus tierras en San Salvador Atenco. A diez de ellos se les condenó a pasar en prisión más de 31 años y al dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, se le agregaron 45 años a los 67 años que ya purga en la prisión de Alta Seguridad del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y el universitario Héctor Galindo.

Lo anterior revela claramente hacia donde se encamina el régimen policiaco militar impuesto en el país por el PAN y sus aliados del PRI y hasta del PRD, como el gobernador de Guerrero, Zeferino Torre Blanca, quien a propósito del enfrentamiento entre soldados y presuntos guerrilleros del ERPI sostuvo que estos eran meros delincuentes comunes a los que se debía combatir sin contemplaciones, igual que como decía quien desde el gobierno del estado combatió a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez en los setenta, Rubén Figueroa, coautor de la guerra sucia que sembró de cadáveres las montañas de ese estado, donde por cierto el 25 de julio fue asesinado el antropólogo y luchador social Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, investigador de la UAG y autor de varios libros sobre la cultura guerrerense, sin que a la fecha se haya castigado a los responsables.

Se trata de criminalizar a los luchadores sociales y de sembrar el terror entre la población con matanzas indiscriminadas, al grado de que se considere indispensable que se generalice la militarización del país y se establezca un estado de sitio, con suspensión de las garantías individuales constitucionales, tal como ocurre en los hechos en varias regiones de México.

Esto sería parte de una estrategia de guerra preventiva, ante los síntomas de agravamiento de las condiciones socioeconómicas que vivimos: creciente desempleo, inflación incontrolable, carestía y crisis alimentaria, parálisis de las industrias de la construcción y manufacturera, recesión económica, caída de la inversión extranjera, disminución de las remesas y amenazas de la mafia en el poder de entregar PEMEX al capital privado en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.