A 28 DIAS DE AYUNO SE TEME POR LA VIDA DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO
Tomás Oropeza
Corresponsal

México, 31 de mayo.- Los 20 hombres y 9 mujeres que aún siguen la las cárceles de La Palma y Santiaguito en el estado de México, acusados de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación, tras la toma del pueblo de San salvador Atenco por el ejército el pasado 4 de mayo, se hallan en estado crítico al cumplir 28 días de ayuno.

A los golpes, torturas y violaciones sexuales de que fueron víctimas las amas de casa, estudiantes y trabajadoras, hoy se suman los estragos causados por el ayuno y la tortura sicológica a que han estado sometidas al estar expuestas al alto volumen de la música clásica que se escucha día y noche en sus celdas.

Los varones tampoco han sido atendidos de las heridas. Por ejemplo el anciano Arnulfo Pacheco, 64 años y parapléjico, tiene 5 costillas rotas por las patadas y toletazos que le dieron los pefepos (Policía Federal Preventiva) y se halla en estado delicado.

Aunque hasta ahora se han realizado varias movilizaciones por la liberación de todos los detenidos, tanto el gobierno del presidente Vicente Fox, como el del estado de México de Enrique Peña Nieto, permanecen indiferentes ante el peligro que corren estos luchadores y luchadoras sociales.

Hoy al arribar a Atenco la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, los habitantes de este pueblito campesino ubicado a dos horas del DF les mostraron videos, cartuchos de gases lacrimógenos y casquillos de bala como prueba de los abusos que cometieron elementos de las policías estatal y la castrense Federal Preventiva durante la incursión en la localidad el pasado 4 de mayo.
Hasta el momento han tomado testimonios a 50 personas algunas de ellas, que habían permanecido escondidas desde hace 27 días, pero empezaron a salir para dar su testimonio ante integrantes de la ONG representada por ocho países de Europa, Canadá y Estados Unidos.
Los visitadores tuvieron un segundo encuentro con los pobladores y con los simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) quienes dieron sus testimonios de las violaciones a las garantías individuales cometidas durante la incursión policíaca de los días tres y cuatro de mayo.
Muchos de ellos les solicitaron fueran los intermediarios para exigir la liberación de las 29 personas que continúan presas entre ellas Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, quienes se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad conocido como La Palma.
Asimismo continuaron con la visita a las casas que fueron cateadas por los policías y en donde aún pudieron observar los destrozos que se causaron dentro de los hogares e incluso algunos vehículos.
La casa de la familia Oliveros Miranda, marcada con en el número 105 del callejón La Palma, sus moradores mostraron los destrozos causados e hicieron entrega de varios envases de bombas de gas lacrimógeno y un cartucho de escopeta, pues sostienen que los policías efectuaron disparos al momento de entrar ilegalmente a su propiedad.
Mientras que en la vivienda ubicada en el número 7 del callejón Palmas, la familia mostró un video en donde se puede observar que la policía detuvo a tres jóvenes que se encontraban dormidos al momento de la incursión de los policías, así como los destrozos causados en el interior de la casa, a varios vehículos que estaban estacionados y en las fachadas de las casas contiguas.
Los representantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, también acudieron a las viviendas de la familia Solís Galicia en la calle 27 de septiembre, cuyo propietario además entregó su testimonio por escrito, en el callejón del Tejocote, donde Carmelo Fuentes, un hombre de la tercera edad, detalló cómo fue golpeado y pateado por los policías.
Por otra parte se informó que se formaron otras comisiones por parte de los visitadores para solicitar información a los gobiernos del Estados de México y federal sobre los acontecimientos del 3 y 4 de mayo.
Entre tanto investigadores Sigrid Arzt, Ernesto López Portillo y Raúl Benitez Manaut, advirtieron que un nuevo escenario violento como el de San Salvador Atenco puede repetirse si no hay cambios a fondo en la estructura, profesionalización y controles internos en los cuerpos policíacos del país.
La impunidad ante una delincuencia creciente y la ineficacia de las autoridades para frenar el problema se combinan con la impreparación de los policías, indicaron los analistas al presentar al Colectivo por la Seguridad con Democracia y Derechos Humanos, que elaborará análisis y propuestas en materia de seguridad pública en México.
Indicaron que también es urgente establecer controles externos, desde la perspectiva ciudadana, sobre lo que ocurre al interior de las instituciones policíacas, ya que "un grave error que hemos padecido durante décadas ha sido el que sean los propios policías los que evalúen su actuación, como está sucediendo con el caso Atenco", señaló López Portillo.