PRONTO, LEY DE FOX PARA LEGALIZAR EL ESPONAJE DE BURÓCRATAS Y CIUDADANOS EN GENERAL
Tomás Oropeza
México, 7 de noviembre.- El gobierno de Vicente Fox, supuestamente de “transición” a la democracia, parece estar preparándose para enfrentar una ola de insurgencia en los próximos años. Y para eso esta aceitando los aparatos de represión y espionaje, como el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la policía política.
Eso se deduce del proyecto de reglamento para la Ley de Seguridad Nacional (en vigor desde el 31 de enero de 2005) que ha elaborado el Poder Ejecutivo federal y que está listo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días.
Y no es para menos, después de las experiencias que se han vivido en el Cono Sur, en donde los movimientos populares de Argentina, Bolivia y Ecuador han mandado al bote de la basura a varios presidentes neoliberales en unos cuantos años.
El desempleo, la pobreza creciente y la concentración en unas cuantas familias de la riqueza del país mediante el fraude y el robo apoyados la mayoría de las veces desde el poder del Estado, son el caldo de cultivo para que ocurran cosas como las de esos países sudamericanos y hasta levantamientos “los miserables”(que aquí abundan) como en Francia. Sobre todo cuando la capital del país, con sus 20 millones de habitantes. Pobres la mayoría, podrán ser gobernadas por “El Carnal Marcelo”, como se hace llamar por estos días el ex prísta Marcelo Ebrard, delfín del virtual candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que hace unos años pidió la asesoría del célebre represor de Nueva York,
Rudolph W. Giuliani, inventor de la Tolerancia Cero.
Pero además de lo anterior esta el creciente escepticismo de los mexicanos en los partidos políticos y en las elecciones, pues desde el 2000 el nivel de abstencionismo ha ido en ascenso y, como todo mundo sabe, una baja participación en los comicios presidenciales le quitaría legitimidad al gobernante que arribe a Los Pinos.
Por lo pronto, y tal vez para aparentar que el golpe no va dirigido contra los opositores al régimen en turno y población en general, ese organismo ha anunciado que vigilará a los servidores públicos del gobierno federal.
Para ello sistemáticamente les aplicará exámenes sicológicos y poligráficos (detector de mentiras). Con su "autorización" podrá vigilarlos, seguirlos e intervenir sus comunicaciones privadas.
Lo que significa que cualquier empleado de la federación será objeto de un estado de excepción y sus garantías individuales serán violadas permanentemente.
El Cisen además tendrá facultades para solicitar a la Secretaría de Hacienda la aplicación de auditorias a cualquier persona física o moral, cuando tenga "indicios" de amenaza para la seguridad nacional, y podrá dotar de falsas identidades a sus agentes para "infiltrar factores de riesgo y amenaza" cuando considere que esté en peligro la seguridad del Estado.
En el anteproyecto desarrollado por el Cisen y los representantes de las instituciones que componen el Consejo de Seguridad Nacional se incluye la facultad de ese organismo -en el que igual participan civiles que militares- para "integrar el registro y control de la población, además de regular la estancia y tránsito de los extranjeros" en territorio nacional.
Otra muestra de que se pretende crear una superpolicía que nada tendrá que envidiar a la GESTAPO, es que por ejemplo autoriza a que, antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgue, modifique o prorrogue una concesión en el ámbito de telecomunicaciones, el Cisen expida un dictamen al respecto y éste sea tomado en cuenta antes de que el secretario de Gobernación en turno emita su opinión.
La justificación de este proyecto a ha pasado bajo la vista gorda de todos los partidos que dicen representar al pueblo mexicano es que se busca "proteger al Estado e instituciones nacionales", así como suministrar "información oportuna y confiable" que permita al gobierno federal alternativas de "acción" para la "toma de decisiones" en contra de "agresiones internas o externas" que pongan en riesgo la gobernabilidad de México, el Poder Ejecutivo concluyó la etapa de diseño, análisis y concreción del reglamento de la Ley de Seguridad Nacional.
Lana a discreción
Dinero no les faltará a los super espías pues el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y Relaciones Exteriores, así como por la Procuraduría General de la República y el Cisen, contará con un presupuesto de carácter confidencial para el desarrollo de sus actividades.
Es decir, los datos más confidenciales de cualquier empleado del gobierno (no se especifica desde qué nivel) podrán ser revisados en cualquier momento bajo su-puestos intereses militares, hacendarios, ministeriales o administrativos.
El Congreso no será tomado en cuenta
Cabe subrayar que el poder legislativo no será tomado en consideración, imponiéndose así la voluntad de un Ejecutivo que se ha distinguido por su irresponsabilidad, ya que bastará la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y sea de obligado cumplimiento.
El documento final consta de 82 páginas y 91 artículos, y posibilitará la creación de nuevas estructuras en el Cisen, un mando único de todas las áreas de inteligencia que operan en el país, que abarcará desde la Defensa Nacional y Marina hasta la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin dejar de lado el área de inteligencia que posee la Secretaría de Hacienda.