SIGUEN LAS CONTRADICCIONES SOBRE EL CASO DE LA MUERTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MARTIN HUERTA

Tomás Oropeza

México, 26 de septiembre.- Los personeros del gobierno del presidente Vicente Fox se siguen haciendo bolas y contradiciéndose públicamente sobre el tema del extraño “accidente”, en el que pereció el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta y ocho personas más, al caer el helicóptero en que viajaban el pasado 21 de septiembre, cuando se dirigían al penal de alta seguridad de Las Palmas.

Hoy, ya hasta se admite que los funcionarios del gabinete foxista hasta están acostumbrados a las amenazas, pero ni se inmutan, ni se acongojan, porque eso sería parte del show.
En otras palabras el vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, admitió que quien fuera el hombre más cercano al corazón de Ejecutivo, efectivamente había sido amenazado por el narcotráfico, y agregó que también él y muchos otros funcionarios de gabinete foxista han padecido de amedrentamientos por parte del crimen organizado, pero que eso de ninguna manera había que “sobredeterminarlo” (sic!) porque serían gajes del oficio.

Pero la realidad es que la credibilidad del gobierno del cambio está hoy por los suelos, pues mientras los funcionarios encargados de administrar la justicia se pelean entre ellos en la calle ya nadie les cree. Así lo confirma una encuesta realizada por el semanario político más importante del país, PROCESO, que en su página electrónica a la pregunta ¿Porqué cree que Fox insiste en que el helicopterazo fue un accidente? Sólo el 12.42 por ciento responde confiando en la palabra presidencial al estimar que el presidente “tiene las pruebas”; mientras que el 87.58 por ciento considera que “para salir del paso” o “por ineptitud”.
Y es que la lista de los altos funcionarios ejecutados por el narco es tan larga que ya no se pude tomar por accidente una tragedia que sin haber sido investigada como ordena cualquier manual de detective privado, es de inmediato calificado de tal y condenado cualquier duda.
Pero ahí están los hechos de los distinguidos funcionarios de la justicia que pese a sus numerosas escoltas de guaruras han sido abatidos por los sicarios de alguno de las mafias en guerra: 1) El jefe de la policía municipal de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez Coello, seis horas después de que había tomado posesión de su cargo; 2) el subdirector de la policía ministerial de Guerrero, Julio Carlos López Soto, acribillado. 3) El aparatoso crimen en un restaurante del director de Seguridad Pública de Michoacán, Rogelio Zarazúa Ortega, cuando comía en compañía de su esposa, María Guadalupe Sánchez, subsecretaria de Gobierno y responsable en esa entidad del Programa México Seguro.
4) El balaceado comandante operativo de la policía ministerial en Tijuana, José de Jesús Bedoya Garibaldi.5) El inspector de la Policía Federal Preventiva adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Pedro Madrigal Trejo, muerto a tiros.
Como dice el columnista Enrique Galván Ochoa, en La Jornada del domingo: “Si no hubieran quedado estos crímenes sin aclararse debidamente. Si no hubiera perdido credibilidad el gobierno foxista, al grado de que casi cualquier cosa que dice hay que leerla en sentido contrario, o rechazarla de plano. Si no hubiera toda esta serie de antecedentes, quizá no sería tan difícil aceptar que la trágica muerte del secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, responsable del operativo México Seguro, y sus acompañantes, se debió a un accidente del helicóptero en que viajaban.”
Y las contradicciones siguen, pero la verdad se va abriendo desde el anonimato de altos funcionarios que filtran informaciones a la prensa.
Así por ejemplo hoy publica La Jornada que según varias gargantas profundas de muy alto nivel en el gobierno, la Procuraduría General de la República montó un teatrito para entretener a la prensa aparentando que no lograba localizar el lugar donde el helicóptero estaba hecho pedazos y que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, interrogaron a Osiel Cárdenas Guillén.
Igualmente da cuenta de que los efectivos de elite del Ejército Mexicano llegaron a la cima del cerro conocido como Las Canoas, en el poblado de San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, estado de México, antes de lo informado a bordo de 4 helicópteros Sikorski, descendiendo con sogas desde esas naves y obtuvieron los primeros reportes certeros del desplome.
Pero por su parte la PGR insiste hoy mismo en que Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, no ha sido molestado ni interrogado por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) ''ni por ninguna otra autoridad'' sobre el desplome del helicóptero en el que viajaban ocho servidores públicos, entre ellos el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Ramón Martín Huerta.
Además, se precisó que ''José Antonio Bernal Guerrero, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, jamás se entrevistó con el interno Osiel Cárdenas Guillén. Bernal no ingresó siquiera al Cefereso durante este año. Su nombre no aparece referido en el escrito enviado por el secretario de Administración de la CNDH a la Secretaría de Seguridad Pública federal el 21 de septiembre pasado -horas después de sucedido el desplome-, ni en las actas circunstanciadas a que se hace referencia en el mismo documento''.