domingo, marzo 22, 2015


APOYEMOS A CARMEN ARISTEGUI

En toda sociedad fundada en la explotación de la mayoría por una minoría dueña de los medios de producción, la información y el conocimiento son poderosas armas en manos de quienes las controlan.

En México casi todos los medios de comunicación e información son propiedad privada de la oligarquía que dirige el país valiéndose del aparato estatal y el gobierno. La información de lo que ocurre en el país y el mundo es controlada y distorsionada por las agencias informativas (casi todas norteamericanas) que emiten por  televisión, radio,  prensa impresa e Internet mentiras para llevar a cabo la manipulación de masas que mejor convenga a sus intereses.

Por ejemplo en los noticiarios de MVS,  XEW, Radio Red, Formato 21, TV Azteca, etc. desde hace años desarrollan una campaña contra los profesores de educación básica que resisten la reforma educativa neoliberal y privatizante. Los Ciro Gómez Leyva (El Universal)   Loret de Mola (XEW), López Dóriga (Televisa) , Luis Cardenas (MVS), Lolita Ayala (Televisa) Javier Alatorre (TV Azteca)  y demás cabezas parlantes los llaman vándalos, delincuentes, perezosos, etc. A los estudiantes y obreros que se manifiestan exigiendo democracia sindical, aumento de salarios o mejor educación los catalogan de seudoestudiantes, perezosos, irresponsables.

Periódicos como La Prensa, La Razón, Reforma, Milenio, etc., a todo el que defiende los intereses populares  y recursos naturales frente a las grandes corporaciones capitalistas extranjeras o “mexicanas” se les  acusa de  desestabilizadores, terroristas, y demás términos que los convierten a  ojos de los lectores, escuchas y televidentes en terribles criminales.
A los banqueros parásitos y ladrones,  capitalistas explotadores y políticos corruptos, los llaman la clase dirigente, emprendedores, y los pintan como verdaderos héroes y benefactores de la humanidad. Nos dan una visión falsa, invertida,  de la realidad  para confundir y manipular al pueblo a su antojo.

Y cuando desde una de esas radiodifusoras o periódicos  alguien se atreve a informar de los robos que cometen contra el erario público los gobernantes, del derroche y lujo en que viven mientras la mayoría de los mexicanos padece de miseria, de inmediato la pandilla que gobierna al país busca suprimirlo. Ejemplo de esto son las decenas de periodistas asesinados en los años  recientes, porque se atrevieron a denunciar la corrupción de gobernadores, el contubernio de policías y delincuentes, etc.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, como la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, aparecen en  la nota roja de  la mayoría de la prensa impresa o de comentarios frívolos en los noticiarios para los cuales los mexicanos tendríamos que acostumbrarnos a estos acontecimientos, a “superarlos” y aceptar  la “verdad histórica” de polizontes corruptos que encabezan la PGR.

Este crimen, junto a la masacre cometida por el ejército en Tlatlaya, estado de México, o los  escandalosos asuntos de la Casa Blanca que virtualmente le fue obsequiada a la primera dama por el Grupo Higa a cambio del contrato para construir el ahora frustrado proyecto de un tren bala que iría del DF a Querétaro; o la red de prostitución del jefe del PRI en el DF,  fueron  investigados  y dados a conocer  por la periodista Carmen Aristegui y su equipo  en el noticiero transmitido por MVS, cumpliendo con su deber de informar a los mexicanos de asuntos que nos incumben a todos, poniendo al descubierto la tremenda corrupción y el carácter autoritario del régimen de Enrique Peña Nieto y de todos los partidos que conforman el entramado gubernamental mexicano.

Por ello los dueños de MVS, concesionarios de una frecuencia radiofónica que en rigor es propiedad del pueblo mexicano, la han reprimido, despidiéndola de su empleo. Pero tal injusticia ha provocado un amplio repudio y movimiento de solidaridad con Carmen Aristegui, quien sin duda es víctima de una venganza  ordenada desde Los Pinos por atreverse a indagar y sacar a la luz pública algunos de los secretos de las cloacas del régimen.

La represión gubernamental a esta valiente reportera está demostrando que el el gobierno de Peña Nieto no puede tolerar  el periodismo que simplemente cumple con el deber de informar con veracidad. La clausura del noticiero de Aristegui es un golpe a las pocas libertades democráticas de los mexicanos. Por ello debemos exigir que se le reinstale en su noticiario. Su despido fue injustificado, eso lo sabe cualquier abogado laborista, porque los dueños de MVS actuaron arbitrariamente violando el contrato que mantenían con Aristegui. Llegando al absurdo de elaborar un nuevo reglamento para someter a un control fascistoide la actividad de todos los reporteros de esa empresa.

Exijamos respeto a la libertad de expresión ejerciéndola también con nuestros propios medios, sin depender del capricho del gobierno. Para ello debemos ser conscientes de que en la guerra que hoy libra la burguesía y su Estado contra el pueblo mexicano, los trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes, debemos crear nuestros propios medios de comunicación escritos, radiofónicos y en el Internet, para difundir nuestra concepción del mundo, para organizarnos y luchar por un cambio revolucionario en México./ Tomás Oropeza B.




jueves, enero 29, 2015

           

LAS ENSEÑANZAS DE AYOTZINAPA
Tomás Oropeza Berumen

La búsqueda incesante de los 43 estudiantes de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos, víctimas de desaparición forzada desde la madrugada del 27 de septiembre, a cargo de sus familiares, compañeros de escuela y organizaciones sociales, habrá de continuar hasta que se conozca con precisión su paradero. No puede ser de otra manera a pesar de que para Enrique Peña Nieto, el jefe del narco estado mexicano, ya es hora de “superar” este trágico episodio.

Al cumplirse 4 meses de la trágica noche de Iguala, en la que además de desaparecer a los 43 normalistas la policía de ese municipio, coludida con delincuentes, y cuando menos con la complicidad del ejército y la policía federal, asesinó a otros tres estudiantes y a igual número de habitantes de aquélla población cuyo nombre náhuatl que significa río de calabacitas o tortuguitas es conocido mundialmente, la PGR sigue empeñada en ocultar la verdad de lo que ahí ocurrió y del paradero de los jóvenes.

La tesis de procurador Jesús Murillo Karam, quien no se ha cansado de repetir que los muchachos fueron incinerados en un basurero de Cocula por una banda de delincuentes, obedeciendo  la orden del presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca, se ha desplomado al conocerse que tanto la Policía Federal como las fuerzas armadas tuvieron conocimiento e intervinieron en los hechos. Así como por la imposibilidad de que cremar a 43 personas en el citado basurero demostrada por los científicos: Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde Vélez, de la UAM, quienes han planteado la necesidad de examinar los hornos crematorios y los documentos sobre el consumo de gas de los cuarteles militares de esa región del país.

La verdad no es tan sencilla como quiere hacernos creer el gobierno a través de sus voceros, Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Lo que resulta claro es que la desaparición forzada de los 43, junto con el asesinato de los otros 3 normalistas es un crimen de Estado, porque es resultado de la colusión del gobierno de Guerrero y el Enrique Peña, a través del ejército y la policía federal y los aparatos de “inteligencia” (Cisen) con las bandas de narcos que operan en ese estado y que son utilizadas para realizar el trabajo sucio contra la población dentro de una estrategia de contrainsurgencia para destruir las organizaciones populares, campesinas, estudiantiles, etc., sembrando el terror para despejar el camino a las empresas capitalistas interesadas en explotar los recursos naturales y a la población, sin resistencia social. Por ejemplo, la mina a cielo abierto de Mezcala explotada por la canadiense Gold Corp ubicada a 50 kilómetros de Iguala donde según reportaje de Mónica Cruz de la agencia Reuters (julio/2011) hay 141 mil kilos de oro. También ahí se hallan otras dos minas a cielo abierto de la misma empresa, Los Filos y El Bermejal (la mina de oro más rica del país, que opera desde el 2008).
El caso Ayotzinapa no puede cerrarse por decreto. A los 43 normalistas se los llevaron vivos y vivos los tiene que presentar el gobierno. Además de las 10 razones por las cuales los padres de los muchachos rechazaron la versión de la PGR y el intento de Peña Nieto por darle carpetazo, hay más líneas de investigación para indagar.
Es imposible que el Estado mexicano lo haga, porque sus aparatos de represión, todos los partidos políticos, etc., están involucrados, constituyen un narco estado. Tendrán que seguir siendo los  padres de los normalistas, apoyados por instancias internacionales y nacionales como el Centro Prodh, la CIDH y sobre todo por los millones de ojos y oídos del pueblo quienes construyan la verdad.

Ni en Guerrero, ni en el país puede haber “normalidad” como la que permitió la desaparición de más de 22 mil personas, miles de feminicidios, elecciones fraudulentas, reformas  contra el pueblo, etc. Por eso es correcta la posición del movimiento popular guerrerense que ha decidido impedir las elecciones.