UN GOBIERNO FALLIDO


Tomás Oropeza Berumen


México, 11.XI. 2010.- A pesar de las declaraciones triunfalistas del gobierno de derechas encabezado por Felipe Calderón, el país sigue inmerso en una espiral de violencia provocada por la estrategia militarista para combatir a la llamada delincuencia organizada, sin tocar sus finanzas y sin una política social que erradique la pobreza de millones de mexicanos que viven una interminable crisis económica y social.

A casi cuatro años de iniciada la guerra del gobierno de facto panista contra algunos carteles del narcotráfico que ha costado más de 39 mil muertes, el gobierno reconoce que no tiene control cuando menos en 400 municipios de los 2438 que tiene el país y los ataques de las narcobandas contra las fuerzas castrenses y policíacas no cesan y han escalado en violencia y uso de armamento sofisticado.
No es exagerado por ello decir que el gobierno calderonista no tiene capacidad para garantizar la seguridad de los mexicanos ni tampoco su progreso y bienestar.

El de Calderón es un gobierno fallido y lejos de resolver los graves problemas nacionales los está aumentando conforme a un plan que busca desestabilizar y generar condiciones para el establecimiento de un Estado de excepción a nivel nacional.
En estos días aciagos México vive una situación absurda donde el ejército ayuda a que habitantes de pueblos amenazados por uno de los cárteles de la droga huyan hacia otras ciudades, en lugar de protegerlos. O que una banda ofrezca su auto disolución y retiro a cambio de que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes del estado de Michoacán. Del que es originario el presidente de facto Felipe Calderón y donde pretende imponer a su hermana, Luisa Maria, como gobernadora el próximo año.

La primer situación del mundo al revés que se vive en México se presenta en Mier y Camargo, dos municipios de Tamaulipas entidad que desde la muerte del jefe del cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen alias Tony Tormenta, a manos de la Marina Armada de México, se ha convertido en una plaza ambicionada por varias bandas, entre ellas Los Zetas, integrada por ex militares de tropas entrenadas en la Escuela de las Américas para combatir el levantamiento zapatista de 1994.

Horas después de la caída del hermano del fundador del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen, preso desde 2007 en Estados Unidos, la violencia que se vivió en Matamoros el pasado viernes se extendió a más de diez municipios tamaulipecos y aparecieran narcomantas en todos los estados del Golfo de México con mensajes de Los Zetas, burlándose de sus rivales y amenazándolos con apropiarse de sus mercados y rutas de la droga rumbo a Estados Unidos, consumidor insaciable de todo tipo de basura enervante.

El segundo caso para Ripley es el que se presenta en el estado de Michoacán, donde mediante mantas y volantes una banda de delincuentes llamada La Familia, una de las agrupaciones más perseguidas por Calderón, le ofrece autodisolverse siempre y cuando su gobierno se comprometa a garantizar la seguridad de los michoacanos e impedir que se asienten en esa entidad grupos delictivos de otras entidades. Como Los Zetas o el Cártel del Pacífico, del Chapo Guzmán, hoy por hoy uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes.

No es nuevo el intento por negociar de La Familia Michoacana. En julio del año pasado le envió un mensaje a Felipe Calderón a través de un noticiero de la televisión local dirigido por el periodista Marcos Knapp. Servando Gómez, alias La Tuta, habló al aire con el comentarista y acusó a la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal) y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de apoyar a Los Zetas en su proyecto de apropiarse de la plaza michoacana. Señalando como responsable de esa alianza al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En aquella ocasión, como ahora, su oferta fue rechazada públicamente. Pero ahí queda el intento de esa banda que al parecer cuenta con una amplia base social tanto en Michoacán como en varios estados del país donde opera no solo en el trasiego de narcóticos, sino en varios rubros delictivos.

En el aspecto económico la situación esta tan mal que hasta personajes como el ex secretario de Hacienda del gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo reconoce que no se registrará una recuperación en el corto plazo y que la violencia es un obstáculo para el crecimiento económico.

Para el también ex gobernador del Banco de México y ex representante de México en el Fondo Monetario Internacional que será el próximo presidente del consejo de administración de Banorte, uno de los poquísimos bancos en manos de capitalistas mexicanos, la violencia imperante en el país está impidiendo la recuperación.

Opinión contraria a la que sostiene el actual secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien asegura que la narcoguerra no obstruye el buen despeño de los negocios aunque las cifras digan que el turismo se ha desplomado, el desempleo sigue creciendo y el año próximo el Producto Interno Bruto descenderá más aún.

Otros absurdo aparente, detrás de los cuales se oculta la lógica represiva del gobierno, es el ataque contra la oficinas del diario El Sur, en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, por un grupo de pistoleros que disparó contra redactores y reporteros sin lesionar de gravedad a ninguno. Esto a unos días de que Felipe Calderón se comprometió a respetar la libertad de expresión en México.

El director de El Sur, Juan Angulo, señaló que el ataque pudo ser originado por la hostilidad que el gobernador Zeferino Torreblanca mantiene con el rotativo que desde su fundación hace 12 años ha sido voz de las luchas sociales y defensor de los derechos humanos en Guerrero. Amén de sostener una actitud crítica e independiente frente al mandatario que llegó al ejecutivo estatal como candidato del Partido de la Revolución Democrática. Hace unos días El Sur hizo públicos varios videos donde se muestran a varios jefes de la policía de Acapulco en tratos con delincuentes.

Pero el desconcierto y el miedo comienzan a ser superados poco a poco por los jóvenes y académicos. El domingo pasado con una manifestación en CD. Juárez, a una semana de la agresión policíaca contra el estudiantado de la Universidad y en la capital del país con dos pequeñas manifestaciones de estudiantes de la UNAM y otras instituciones educativas bajo el los lemas Si le pegan a uno, nos pegan a todos y Ni uno más, ni una más.

JUÁREZ, EN LA MIRA DE LOS ASESINOS

Tomás Oropeza Berumen

XI.03.2010. - La represión contra el movimiento social de Juárez, Chihuahua el viernes 29 de octubre, cuando policías federales intentaron asesinar al estudiante de Sociología Darío Alvarez Orrantía, de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, es una provocación del gobierno de Felipe Calderón y la enésima demostración de que su narcoguerra es un burdo pretexto para llevar a cabo una campaña de exterminio contra el pueblo y los luchadores sociales en la lógica de una estrategia de contrainsurgencia preventiva.

Fueron dos los policías federales de la corporación dirigida por Genáro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, los que penetraron al campus universitario, violando la autonomía de esa casa de estudios y le dispararon a Dario, participante en la XI Marcha Kontra la Muerte para repudiar la estrategia del gobierno federal en la lucha contra el narco.

La manifestación de varios cientos de estudiantes universitarios y activistas sociales se llevó a cabo seis días después de la matanza de 14 adolescentes que celebraban un cumpleaños y fueron masacrados por un grupo de matones que penetró a su domicilio. Y a menos de 24 horas de que un comando de desconocidos atacara el vehículo donde eran trasladados a sus domicilios obreras de una maquiladora, de las que murieron cinco.

Desde hace once semanas tanto en Chihuahua, capital, como en Cd. Juárez  se lleva a cabo una Kaminata kontra la muerte cada viernes a iniciativa de varios colectivos y organizaciones de activistas, entre las que destaca el grupo editor de La Gota. En esta ocasión la manifestación en Cd. Juárez se integraría al Foro Contra la Militarización que, pese al asedio y la provocación policiaca se llevó a cabo en la UACDJ.

Juárez es hoy la ciudad más peligrosa del mundo y escenario del fracaso de la estrategia gubernamental que la ha militarizado sin lograr terminar con los carteles de la droga que operan sin pena en medio de miles de militares y policías federales que han convertido a la población en blanco de sus arbitrariedades. Por esa razón la exigencia del retiro del ejército y los federales es una bandera del pueblo juarence.

Al analizar lo que está sucediendo en esa ciudad donde la industria maquiladora de exportación mantuvo una de las tasas más altas de empleo -y hoy sufre de desempleo masivo- resulta claro que las fuerzas policiaco militares cumplen el papel de atemorizar a la población y junto con las bandas de delincuentes han generado un clima de terror paralizante.

Las matanzas masivas de jóvenes, las desapariciones de cientos de mujeres y el hostigamiento a las obreras de la maquila, esta rebelando que además de las corporaciones policiacas y militares “legales”, existen grupos clandestinos que llevan a cabo una campaña de limpieza social, eliminando a aquellos que son considerados basura humana, como sería el caso de adictos a las drogas, pequeños traficantes, vagabundos, prostitutas, homosexuales,activistas, etc.

Estos grupos de asesinos organizados para llevar a cabo las tareas que el ejército no se atreve para evitar el desprestigio, son los paramilitares o escuadrones de la muerte, de los que se habla cada vez con más insistencia. Y hasta en el Senado de la República ha comenzado a mencionarse que estos grupos operan en varias entidades al servicio de gobernadores y empresarios.

No es nada nueva la existencia de paramilitares en México. Desde antes de 1968 se sabía de su existencia siempre ligada al ejército del que recibían (y reciben) instrucción militar, dinero y mandos.

La Brigada Blanca en los años setenta fue una agrupación que auxilió al ejército en el combate a las guerrillas urbanas y rurales que había en casi todo México. El grupo Los Halcones, famoso por la matanza del 10 de junio de 1971, es otro antecedente. Antes, para reprimir al movimiento de estudiantes se utilizó al Batallón Olimpia, el que llevó a cabo la provocación con la que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz justificó la masacre del 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culuras.

En el estado de Chiapas, después del levantamiento indígena zapatista de 1994 surgieron decenas de grupos paramilitares integrados principalmente por indígenas miembros del PRI y del PRD. Los Chinchulines, Mascara Roja y otros. Varios de ellos todavía siguen hostigando las comunidades autónomas del EZLN.

El Ejército de Dios, integrado por indígenas evangelistas, es hoy uno de esos grupos paramilitares que actúa a plena luz con el apoyo del gobernador Juan Sabines un priísta que el PRD hizo su candidato y hoy es gran amigo de Calderón.

En abril pasado, en el estado de Oaxaca fueron asesinados por un grupo paramilitar del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dos participantes de la Caravana por la Paz que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Bety Cariño y el activista finlandes Jury Yaakkola.

Pese a la “tradición” paramilitar mexicana, hay algo novedoso en el caso de los escuadrones de la muerte que están actuando en medio de la actual narcoguerra. Y es su carácter secreto, pues se mimetizan con el ejército, las policías y los narcos, ya que utilizan uniformes, armas y vehículos iguales a los de todos ellos. De tal modo que la población no logra distinguirlos y no se sabe a ciencia cierta quienes son los responsables de las masacres, levantones, extorsiones, torturas, etc., etc. que se cometen todos los días en México contra la población civil.

Hoy los movimientos sociales y de izquierda mexicanos están enfrentándose a un poder donde el gobierno, la policía, los charros sindicales, el ejército, los paramilitares y los narcos los combaten, tratando de paralizarlos mediante el terror para impedir la organización del descontento generalizado que hay en el país, mismo que podría transformarse en un movimiento contra el gobierno del PAN y la oligarquía.

Esa es la apreciación que en noviembre de 2009 expresaron militantes del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (Erpi) en el estado de Guerrero quienes en un comunicado con motivo del asesinato de su comandante Omar Guerrero Solis “Ramiro” responsabilizaron a los órganos de inteligencia del ejército de ser los autores intelectuales del operativo ejecutado por un grupo narcoparamilitar. Dijeron en entrevista para Contralínea (ver Voltairenet.org), que en las montañas se han unido las guardias blancas de los terratenientes, los soldados, la policía motorizada y los paras del narco para exterminarlos.

Llama la atención que en el estado de Chihuahua, donde hay decenas de miles de militares y policías de todas las corporaciones nacionales y gringas patrullando y existe un virtual estado de excepción, además de ocurrir matanzas como la de Salvarcar en enero de este año y han sido asesinados decenas de adictos internos en centros de curación, se ejecuten periodistas, abogados, maestros y estudiantes universitarios y jamás se detenga a los autores.