MÉXICO, HACIA UN OTOÑO CALIENTE
Tomás Oropeza Berumen
México, 25.X.009.- Menos de dos semanas después del golpe de mano para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) con la ocupación militar de las instalaciones de esa paraestatal y un decreto anticonstitucional emanado de Los Pinos, el PRI y el PAN acordaron también en la oscuridad de la medianoche una nueva traición al pueblo mexicano, aprobando una versión del paquete fiscal enviado por el ejecutivo de facto.
Al palomear una versión supuestamente menos onerosa del paquete fiscal propuesto por el ejecutivo de facto que tenía como eje principal el establecimiento generalizado del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluyendo medicinas y alimentos, el cual fue excluido por la negociación del PRI, pero sustituido por el aumento del Impuesto Sobre la Renta que pasaría del 28 al 30 por ciento a personas físicas y morales; un aumento de 15 a 16 por ciento del IVA –10 a 11 por ciento en la frontera –; 3 por ciento del Impuesto Especial a Productos y Servicios a telecomunicaciones, y el cobro de 3 por ciento a los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos (anteriormente era de 2 por ciento a partir de 25 mil pesos), ni empresarios ni trabajadores quedaron contentos.
Aunque los diputados del PRI expresaron que la aprobación del paquete era por el bien del país y el PAN no vio plenamente satisfechas sus ambiciones, será en el Senado donde se refine el texto de lo que se presentó en sus orígenes como una reforma fiscal trascendental que ha quedado en mera miscelánea. Y pese a las declaraciones de Beatriz Paredes, presidenta del tricolor, en el sentido de que en la Cámara Alta se harán reformas de fondo a lo aprobado por el PRIAN, no cabe hacerse demasiadas ilusiones si se considera la caída de 53 por ciento en las exportaciones petroleras en los últimos nueve meses, debido a la reducción del precio del barril que disminuyó de 84.35 a 52.92 dólares. Será a mediados de la semana cuando el Senado de a conocer el resultado de sus deliberaciones.
Lo que ha quedado claro es que en la ley fiscal para el 2010 se mantuvieron intactos los privilegios fiscales de las grandes empresas como la Coca y la Pepsi Cola, Bimbo, Telmex, Gruma, Cemex, y unas doce mil más según el Movimiento de Defensa de la Economía Popular encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Otro factor que sigue presente en la coyuntura es el desempleo que según el INEGI alcanzó el mes pasado la tasa de 6.41 por ciento, casi 3 millones de sin trabajo que hace dos semanas recibieron en sus filas a los 45 mil electricistas víctimas de la política de Felipe Calderón, quienes no han cesado en sus manifestaciones, brigadeo y reclamos jurídicos.
A la asamblea de sindicatos y organizaciones sociales convocada por el SME el sábado, acudieron decenas de organizaciones laborales, populares, campesinas, magisteriales y estudiantiles que iniciaron la discusión para la realización de un paro nacional a realizarse en fecha que se definirá el 5 de noviembre.
Las demandas serán la derogación del decreto que liquida la LFC, retiro del ejército de las instalaciones de la empresa y reinstalación de los electricistas. Asimismo se exigirá la cancelación de la ley fiscal. Otra demanda que se escuchó, pero que no se incluye en el documento final es la renuncia de Felipe Calderón, cuyo gran mérito es haber logrando la alianza en contra suya del bloque de las explotados del país.
La mejor demostración de que los electricistas tienen la razón es la decisión de Calderón de mantener bajo reserva toda la información relativa al funcionamiento de LFC con base en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De esa manera los diputados no tendrán la información que precisan para decidir si procede o no la controversia constitucional al decretazo calderonista. Más claro, ni el agua.
En este otoño hay en México una calma chicha, solo rota por las ejecuciones cotidianas producidas en el seno de las pandillas de supuestos delincuentes y que ya superan la cifra de 15 mil. Pero no es difícil prever que los nuevos impuestos y el incremento de los existentes, el recrudecimiento del desempleo, la caída de las remesas, el retorno de cientos de hombres y mujeres desde Estados Unidos por la crisis que no pasa, el recorte al presupuesto educativo, la inflación de los alimentos, etc., lance a las calles a decenas de miles de personas a luchar por un cambio, cuando menos del modelo económico.
Un síntoma del creciente coraje y odio que sienten los de abajo lo pudimos observar en la manifestación del pasado 15 de octubre, donde los electricistas y sus aliados gritaban: “Si no hay solución, habrá revolución”, cosa que debe tomarse en serio, pues esta ocasión no era la cantaleta de activistas, sino la advertencia de obreros y sus familias a quines se les están acabando la paciencia para lidiar con un gobierno que los lanza a la calle y luego les propone “reinsertarlos en el mundo laboral” con la condición de que acepten su liquidación y tomen cursos de inglés o computación.
El gobierno de Calderón parece apostarle al desgaste del movimiento al cual esta empeñado en dividir, a que el hambre obligue a aceptar la liquidación a quines hasta ahora llevan más de tres semanas sin ingresos. A la tibieza de los sindicatos y la traición de los partidos de la izquierda oficial, acostumbrados a utilizar las luchas sociales para obtener beneficios. Otros movimientos han sucumbido antes por esos factores que están en el ambiente. Pero ahora son demasiadas las contrariedades que están sufriendo los de abajo y Calderón sólo tiene a su servicio al ejército, donde indudablemente también existen contradicciones.
No cabe duda, nos aproximamos a un otoño caliente.

EL GOLPE

Tomás Oropeza Berumen

México, 19.X.2009.- - La liquidación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el domingo pasado, forma parte de la estrategia del régimen calderonista para avanzar con el uso de la violencia castrense y policíaca, pisoteando la legalidad constitucional, en la construcción de una nueva relación entre el capital y la clase trabajadora para someter a esta a condiciones de explotación más agudas que las vigentes.

Al liquidar la compañía paraestatal se da un paso más en: 1) La privatización de la electricidad; 2) se destruye el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) caracterizado por mantener una postura independiente y opuesta a la gubernamental y solidaria con las luchas obreras, campesinas, estudiantiles e indígenas, 3) Se termina con la posibilidad de que el servicio triple de telefonía, Internet y televisión sea ejercido por esa paraestatal y el sindicato y 4) Se incrementa el número de desempleados con otros 45 mil despedidos en un solo día, incrementando la competencia por un puesto laboral, cosa que permitirá a los patronos reducir aún más el salario. Es decir, aplicando la agenda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Esta acción del régimen de facto calderonista es sin duda alguna una medida propia de una dictadura porque rompió con la legalidad constitucional que obliga al poder ejecutivo a cuando menos consultar al Legislativo para tomar decisiones en materia de política energética, cosa que no ocurrió. Al mismo tiempo, al despedir a miles de trabajadores se cometió una violación contra la legislación laboral vigente.

El golpe de Estado contra los electricistas le pega a todo el pueblo de México y fue preparado desde marzo por Calderón y el ejército, que aparentaron estar realizando la lucha contra el narco, para en realidad espiar a los trabajadores y elaborar la táctica para la toma de los 103 inmuebles de la CLyFC por 3 mil efectivos y 800 ingenieros y técnicos de la Sedena (La Jornada, 19/X/09, p. 5).

Con la divisa del “aiga sido como aiga sido” Felipe Calderón a dado un vuelco a la situación del país y pretende seguir por el sendero sangriento del neoliberalismo sin encontrar resistencias, pero se equivoca porque ha prendido la mecha del polvorín en que se ha convertido México.

La manifestación del pasado jueves en la que participaron cientos de miles de obreros electricistas, estudiantes, maestros, sindicalistas, etc., para dar inicio a la construcción de un movimiento popular y dirigido por un sector del proletariado podría convertirse en la fuerza que de una vez por todas terminara con el gobierno inepto impuesto hace tres años por los que se creen dueños del país.

En el país existe una situación explosiva y el agravio a los electricistas podría detonarla. Pero la ambición por el botín que significa la privatización de la electricidad ha segado a Calderón y su pandilla que mediante el secretario de Gobernación Fernando Gómez, un empleado de panista Diego Fernández de Cevallos, pretende orillar al SME a aceptar la liquidación para después negociar su “reinserción” en alguna chamba mal pagada.

El gobierno no ha calculado todavía el tremendo efecto deprimente en el terreno económico que esta teniendo el despido de 45 mil obreros dizque privilegiados (su salario promedio es de 6 mil pesos), pues al dejarlos sin ingresos afectan a unas 270 mil personas dependientes y luego a todos los que les venden servicios y mercancías, quienes sin duda repudiarán aún más al responsable de eso, tal como puede observarse en la pequeña población de Necaxa, Puebla, en donde los 8 mil habitantes han quedado en la miseria al ser desempleados miles de electricistas que laboraban en la hidroeléctrica, en tanto que los empelados del comercio y los servicios están sufrido las consecuencias. El resultado: un pueblo a punto de la insurrección.

La prepotencia de la pandilla panista parece no tener límite al pedirle a los electricistas que se suiciden aceptando la liquidación de 33 meses (en la que se incluye un pilón o soborno si se hace antes de un mes, que en el mejor de los casos llega a los 361 mil pesos) para “luego ver” lo que ofrece el régimen en su “mesa de dialogo”. Y tiene como fundamento su ignorancia y creencia de que con el puro apoyo del ejército es posible imponerle a un pueblo una política económica que sólo beneficia a un pequeño sector de la gran burguesía.

Pero se equivoca si cree que hay decretos irreversibles y modelos económicos inamovibles. Un ejemplo de que el coraje y la movilización del pueblo puede echar al suelo tales decretazos junto con quienes los impusieron es lo ocurrido en Bolivia en octubre del 2003, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Gony, un empresario, intentó exportar el gas boliviano por puertos chilenos a la costa este de Estados Unidos, México y Chile provocando una insurrección indígena, obrera y popular que lo derrocó en unas semanas. Ese fue un antecedente que explica que hoy en aquel país donde el comandante Ernesto Che Guevara fue asesinado hace 42 años por órdenes del Pentágono, hoy se encamine hacia el socialismo bajo el gobierno de un indígena aymara y cocalero, Evo Morales.
El Gony, prófugo de la justicia por los crímenes que cometió aplicando las recetas neoliberales, vive en Estados Unidos, protegido por el gobierno gringo.

Para arrojar otra cubetada de gasolina al fuego esta semana el Congreso decidirá se pasa el paquetazo fiscal de Calderón con su IVA generalizado y demás impuestos que sin lugar a dudas deprimirán más aún una economía que este año se desplomará 8 por ciento.

El golpe a los electricistas, que según el régimen “creará más empleos” es la campanada para movilizarse en apoyo a ese gremio, pero también para impedir nuevos despidos masivos, pues con las mentiras que fundamentan el decretazo liquidador, fácilmente podría justificarse la desaparición de muchas otras instituciones y paraestatales.

Por lo pronto debemos sumarnos a los preparativos para llevar a cabo una huelga nacional, organizar acopio para los electricistas, llamar a la suspensión de los pagos por el servicio eléctrico, combatir las mentiras propaladas por los propagandistas del régimen en radio, prensa y televisión.