VIOLENCIA Y PROVOCACION CONTRA LA RESISTENCIA ELECTRICISTA

Tomás Oropeza Berumen

Al cumplirse 18 meses de la resistencia electricista a la política antiobrera de Felipe Calderón, quien el once de octubre del 2009 violó la Constitución Mexicana al decretar la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), despojando de sus empleos a 45 mil trabajadores que laboraban en esa para estatal, México vive una situación límite provocada por la política genocida del régimen de derechas tripartidista.

Una muestra de la tensión social que atraviesa al país es el confuso incidente ocurrido la mañana de este lunes en que un numeroso grupo de electricistas del SME se vieron envueltos en un enfrentamiento con empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y supuestos miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), organismo apatronado que ha dado su apoyo incondicional al gobierno de Calderón y servido como esquirol para despojar al SME de su materia de trabajo.

Con un saldo de cuatro automóviles incendiados, decenas de golpeados y gaseados, varios detenidos por el cuerpo de granaderos del gobierno del DF, el SME inicio la jornada de lucha para recordarle a la sociedad que siguen en la calle sin que el gobierno, atienda sus demandas.

A lo largo de un año y medio los electricistas en resistencia se han caracterizado por mantener un movimiento pacífico a pesar de la injusticia que están sufriendo junto con sus familias. La violencia invariablemente ha partido del gobierno, desde el 11 de octubre del 2008, cuando mediante el uso del ejército fueron tomadas las instalaciones de la ClyF y lanzados al desempleo. Esa sí que es violencia de Estado.

Al momento de escribir esta nota hay once sindicalistas detenidos por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y se desarrolla una intensa campaña en los medios electrónicos criminalizando la resistencia electricista.

No cabe duda de que el triunfo de la lucha que sostienen los 16 mil 599 sindicalistas que se han negado a aceptar la liquidación ofrecida por el gobierno y sostienen en alto sus demandas (creación de una empresa que sustituya a la desaparecida Luz y Fuerza del Centro que los re contrate como patrón sustituto; el pago de salarios caídos y libertad para sus presos políticos) depende de lo que ocurra en la palestra de la lucha de clases en el país durante los meses que vienen, de cómo evolucione la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo.

Los acontecimientos ocurridos en los días recientes anuncian que el escenario político del país se complicará porque el gobierno de Calderón no parece cansarse de repetir la misma cantaleta: que continuará aplicando en los años que le quedan (y más allá) la misma estrategia de “combate” a la llamada delincuencia organizada -impuesta por Estados Unidos- a pesar de que según las cifras oficiales la narcoguerra ha provocado más de 35 mil muertes de supuestos delincuentes, aunque a ciencia cierta se ignore la identidad de miles de ellos.

Las inusitadas manifestaciones de protesta contra la violencia que ha generado la militarización del país efectuadas el miércoles pasado en 24 ciudades de México y 8 del extranjero, parecen no preocupar a Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes en la XVIII Conferencia Internacional de Combate contra las Drogas celebrado la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, anunciaron que se prolongará durante varios años la aplicación de la estrategia actual cuyos resultados están a la vista por estos días en que se han descubierto 72 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde en agosto del año pasado se encontró una fosa clandestina con igual numero de cuerpos de emigrantes centro y sudamericanos asesinados por traficantes de personas (polleros).

El próximo miércoles vencerá el plazo que el movimiento civil contra la narcoguerra (nucleado en torno al movimiento No + sangre y el poeta Javier Sicilia) le dieron al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo y a Felipe Calderón para que presente a los culpables del asesinato de 7 personas ocurrido el 28 de marzo pasado, entre las que se encontró al joven Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor colaborador de La Jornada. De no hacerlo -se advirtió el miércoles pasado en las marchas y mítines- se realizar una marcha nacional en demandando la renuncia de Adame Castillo y de Calderón, así como la desmilitarización del país y el fin de la narcoguerra.

ESTADO DE EMERGENCIA

Tomás Oropeza Berumen

Tiene razón el poeta Javier Sicilia al sostener que el país debe ser declarado en estado de Emergencia.

A México el gobierno de facto panista lo ha llevado al borde del abismo. La incontrolable violencia del hampa, militares, policía, paramilitares y espías de todas las agencias norteamericanas lo están despedazando conforme a un plan diseñado por el Pentágono para destruir el tejido social y desmantelar la Nación mexicana.

Son muchos los problemas que sufren millones de hombres y mujeres debido a las decisiones en materia de política económica y social de Felipe Calderón y la situación se ha tornado insoportable.

La ola de violencia que ensangrienta a México, y que ya ha provocado más de 35 mil muertes, principalmente de jóvenes, desde que el gobierno panista le declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre del 2006, es hoy una de las principales causas de la desdicha de millones de mexicanos, pero no la única.

Desempleo, bajos salarios, precarización del trabajo, extensión y profundización de la pobreza, despojo de las tierras al campesinado y a los pueblos indios, injusticia, discriminación, exclusión, falta de oportunidades de estudio, carestía alimentaria, insalubridad, etc. son otras que se unen a las consecuencias de la guerra que los gringos le impusieron a Calderón como condición para apuntalarlo en la presidencia.

Según reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el inicio de la narcoguerra hasta hace unos días han desaparecido 5 mil 397 personas y casi 9 mil cuerpos de víctimas de la violencia no han sido identificados.

Por su parte el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas que visitó México y recorrió varias entidades para observar la situación de los derechos humanos, recomendó que en el corto plazo se retire al ejército del combate a las bandas criminales, por carecer de preparación para realizar tareas policíacas.

En los estados donde se desarrolla con mayor virulencia la narcoguerra decenas de miles de huérfanos están creciendo en un ambiente de pobreza y odio que los volverá carne de cañón de las bandas delicuenciales o de las corporaciones policíacas y paramilitares que parecen ser su única alternativa para sobrevivir ante la ausencia de programas sociales que los rescaten.

Además están cerca de 230 mil desplazados por el conflicto que se vive en varios estados del Norte de México, quienes han migrando a Estados Unidos o a entidades del país donde no existen las condiciones para proporcionales el apoyo que requieren.

Chihuahua, una de las entidades con mayor cantidad de muertes cometidas por narcotraficantes, ejército y paramilitares, tiene hoy por gobernador a Cesar Duarte, un priísta que se atrevió a proponer al Congreso un proyecto de Ley para obligar a los jóvenes sin empleo ni oportunidades de estudio a prestar servicio militar obligatorio, dizque para protegerlos de la delincuencia y recibir un salario.
Una medida seudokeynesiana para resolver un problema creado por el modelo neoliberal implantado hace tres décadas por el gobierno de Miguel de la Madrid.

A la leva que realizan las bandas del hampa pretendió añadir la de un ejército que a diario viola los derechos humanos.

El episodio del asesinato de siete personas en Temixco, Morelos, ocurrido entre el 27 y 28 de marzo habría pasado desapercibido si entre los muertos no hubiera estado un estudiante de administración, Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta católico, autor de Viajeros de la noche, periodista colaborador del diario La Jornada y del semanario Proceso, quien se ha dado a la tarea de organizar del descontento con la infernal situación que impera en el estado donde en los dos años recientes se han registrado más de 450 muertes violentas.

En una semana Cuernavaca ha sido escenario de varias movilizaciones masivas para exigir paz, justicia y desmilitarización, además de castigo para los asesinos de Juan Francisco Sicilia Ortega, Luis y Julio Romero, Gabriel Alejo, Socorro Estrada, Álvaro Jaimes y una persona desconocida.

A la lucha del pueblo morelense hoy encabezada por Javier Sicilia se ha sumado el movimiento No más sangre que ha convocado a manifestarse en Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Saltillo y Jalapa.

Estamos seguros de que el descontento y el repudio contra los responsables de tanto crimen seguirá creciendo porque como dijo el vate: ¡Estamos hasta la madre!