EL ILUMINADO DE LOS PINOS

Tomás Oropeza Berumen


México, 28, 06, 2009.- Felipe Calderón ya no sólo es el presidente de facto en México y co responsable de la peor crisis económica sufrida en el país, sino también médico forense, guerrero incansable contra las drogas, estratega, devoto creyente y visionario de un mundo fantástico.

Su más reciente declaración en el Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, a propósito de la muerte del rey del pop, Michael Jakson, atribuyéndola al consumo de drogas y la falta de fe en dios, merece ser apuntada con letras de bronce para que nadie olvide que para el PAN- gobierno la mejor manera de combatir las adicciones es mediante el consumo del opio del pueblo, la religión.

A mas de tres semanas del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y a punto de que terminen las campañas electorales rumbo al 5 de junio, la economía del país sigue desbarrancándose en medio de declaraciones irresponsables sobre la supuesta recuperación económica de funcionarios muy bien remunerados, que sin embargo sistemáticamente se equivocan en sus pronósticos económicos y no aciertan a implementar medidas efectivas que detengan el deterioro en los niveles de vida de la población.

El neoliberalismo ha fracasado rotundamente y el creciente desempleo en el país es uno de los más dolorosos costos que los mexicanos estamos pagando. De mayo de 2008 a mayo del año en curso han quedado sin empleo más de un millón de trabajadores, cifra que al sumarse al millón 300 mil empleos que tendrían que generarse anualmente para absorber a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral arroja la cifra de 2 millones 300 mil desocupados. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi en mayo del 2008 la tasa de desempleo era de 3.24 por ciento, misma que pasó a 5.31 por ciento el mes pasado.


En tanto, a la violencia del ejército y la policía en la “guerra antinarco” ahora se esta añadiendo crecientemente la violencia militar contra los movimientos sociales y poblaciones rurales, como ocurrió en el estado de Guerrero del 9 al 13 de junio en las comunidades de Puerto las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, en el municipio de Coyuca de Catalán, que fueron ocupados por más de quinientos soldados que torturaron a hombres, mujeres y niños buscando información sobre una agrupación guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), según reporta Amnistía Internacional.

El trágico incendio provocado por la política económica y la irresponsabilidad del gobierno neoliberal de Felipe Calderón en el depósito de niños de Hermosillo, Sonora, y la protección que este le ha estado brindando a los concesionarios, familiares de Margarita Zavala, primera dama del país, ha generado una ola de manifestaciones en aquella ciudad norteña reclamando justicia para los 48 niños que han fallecido y los que están graves en los hospitales, sin que hasta el momento hayan logrado nada más que promesas y amenazas de represión a los padres de las víctimas.
Por cierto todo indica que la atracción del caso por la Procuraduría General de la República (PGR) es una garantía de protección para los verdaderos responsables del infanticidio.

Consecuencia de esto será sin duda la perdida de votos para el PAN y el PRI en aquélla entidad y el resto del país donde ha quedado claro que ambos partidos están involucrados en el manejo de las guarderías subrogadas por el IMSS, convertidas en lucrativos negocios.
La negativa a dar a conocer la lista de quienes hoy lucran con miles de centros de cuidado infantil es claro indicio de que “personajes de renombre” del primer circulo calderonista están involucrados. Pero más importante, aún son las movilizaciones populares de los trabajadores (eso son las madres y padres de familia que perdieron a sus hijos y quienes los acompañan) reclamando justicia a un gobierno sordo empeñado en proteger sus intereses mafiosos.

Otro caso de ensañamiento gubernamental es el del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que no satisfecho con el daño que ha ocasionado a las familias de los presos políticos de San Salvador Atenco, ahora pretende embargar la vivienda a la familia de Ignacio del Valle, preso desde hace 3 años, para cobrar la multa por 157 mil pesos que junto con una condena de 112 años le fue impuesta al líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

No cabe duda de que el régimen tripartidista y antidemocrático mexicano esta sentando las bases para un legítimo estallido social. Calderón y personajes como el aspirante presidencial y galán del Canal de las Estrellas, Peña Nieto están arrojando gasolina al fuego y apostándole al mismo tiempo al establecimiento de un régimen de excepción.
Por ello en la inauguración del Foro Nacional de Seguridad con Justicia FC y el presidente del Foro SOS, el empresario Alejando Martí, amenazaron a los millones que el próximo domingo se abstendrán de votar, anularán su voto a lo emitirán en blanco, con el fantasma de una salida autoritaria, como si hoy el país no padeciera ya la falta de respeto a las garantías constitucionales en varias regiones. Como sucede en Cd. Juárez, donde del 16 de abril al 24 de junio se presentaron 614 denuncias en el Centro de Atención de Quejas contra abusos de militares y policías federales. En tanto que la cede local de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 750 denuncias contra esas corporaciones.

Hoy el país es una pradera seca. Los humillados y ofendidos son tantos que hace unos días quien quizás sea el último combatiente vivo de Francisco Villa, Juan Carlos Caballero Vega, al cumplir 109 años dijo que si se diera un levantamiento volvería a tomar las armas. Según la agencia EFE el ex chofer del Centauro del Norte sostuvo que “la desigualdad social y las injusticias que vive el país están creando las condiciones para un nuevo levantamiento armado contra el Gobierno.
"Si eso ocurre, me volvería a levantar en armas por esa causa"(…) "Si hay necesidad (de una nueva Revolución), ahí estaremos. Si Dios nos concede vida le entramos", aseguró el orgulloso Dorado de Pancho Villa.

La militarización en Estados Unidos

Óscar Enrique Ornelas

Nuevas informaciones ratifican lo reportado en la entrega anterior sobre la militarización de la vida civil que avanza en Estados Unidos.
Además de varios pronunciamientos oficiales del gobierno de Obama, destacan un artículo del antropólogo David Price sobre la intromisión del Pentágono en las universidades y la denuncia que ha hecho la ACLU, organización defensora de los derechos civiles, sobre el intento de calificar las luchas sociales como actos de terrorismo en primer grado.

I. La aprobación por el Congreso estadounidense del presupuesto para el Plan Mérida y la intervención más o menos embozada del Pentágono en los asuntos internos de Estados Unidos muestran que hay una relación de continuidad entre las políticas de los gobiernos de George W. Bush y de Barak Hussein Obama.
Pese a la indudable importancia que esto tiene para México, en los medios nacionales se le pone poca o nula atención al asunto porque todo se centra en reproducir los chismes de los politiqueros y jugar a la información como entretenimiento (infoteinment.) Amén de que se manejan fuentes de información exclusivamente oficialistas. Otro problema es que, a diferencia de Estados Unidos, no contamos con agencias informativas multimedia como Alternet y Democracy Now! o publicaciones digitales como Counterpunch que se apoyan en una diversidad de fuentes y en los mejores investigadores y periodistas de ese país.
Sin embargo, es de la máxima prioridad mantener actualizados y difundir los datos sobre la militarización binacional, ese “tercer vínculo” --como lo llama Carlos Fazio-- que liga a México con Estados Unidos en el contexto de los acuerdos de libre comercio.
En su edición del 23 de junio pasado Counterpunch publica un artículo del antropólogo David Price (St. Martin's University), quien ha venido documentando desde hace años la militarización en el medio académico estadounidense. El artículo se intitula “Son of PRISP / Obama's Classroom Spies” y puede ser consultado en http://www.counterpunch.org/price06232009.html.
Price hace notar que pese a su discurso progresista Obama mantiene la ruta de la militarización preconizada por su antecesor.
Recientemente, Dennis C. Blair, Director de Inteligencia Nacional, dio a conocer el propósito de incluir de modo fijo dentro del gasto federal estadounidense el denominado Programa Pat Roberts para académicos especializados en asuntos de inteligencia (PRISP, por sus siglas en inglés.) Blair informó también que se pretende establecer un “Cuerpo de Adiestramiento de Oficiales de Reserva” para capacitarlos como instructores en asuntos de inteligencia dentro de las universidades.
Price alerta que --como ya ocurre con los estudiantes que están recibiendo becas del PRISP-- los nuevos alumnos de inteligencia serían prácticamente clandestinos. Como si fuera una “operación encubierta”, ni sus condiscípulos ni sus maestros ni los administradores universitarios tendrían conocimiento de las actividades de estos estudiantes. Ello equivale a establecer una especie de espionaje interno en las universidades.
Lo anterior dista de ser nuevo. Los científicos han colaborado desde siempre con el Pentágono y con las agencias de inteligencia y contrainteligencia. Cada vez que se descubre se arma un escándalo. Recuérdese el Plan Camelot de los años sesenta, un programa sociológico para medir la conflictividad social y la posible reacción de los militares en países asiáticos y latinoamericanos. Pero ahora se trata de institucionalizar el secretismo en la vida académica estadounidense.
El PRISP --apoyado en la sección 318 de la Ley de Autorización de Actividades de Inteligencia promulgada en 2004-- es una idea original del antropólogo Félix Moos (Universidad de Kansas), quien desde hace tiempo defiende la idea de utilizar las técnicas y conocimientos de su disciplina para fines de contrainsurgencia. Price hace notar que ello resulta muy relevante cuando el gobierno de Obama se propone extender a largo plazo la guerra irregular en Afganistán, un país de gran diversidad étnica y fuertes tradiciones culturales. Terreno propicio para la antropología.
Como señala Price, la intromisión del Pentágono en las universidades plantea problemas éticos para los investigadores pero también pone en entredicho su propio trabajo. Por su misma naturaleza, la investigación científica, sea “dura” o “blanda”, tiene que ser abierta. No se esconde. Se publica para que otros colegas la estudien, la repliquen y aporten nuevos conocimientos. En este sentido, el PRISP daña la libertad académica en momentos en que las universidades e institutos de investigación estadounidenses están sufriendo recortes presupuestales de importancia.
La tentación de engancharse a la ventanilla de pagos del Pentágono es grande, sobre todo si las nuevas prioridades del gasto militar embonan con los requerimientos de las universidades.
Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, dio a conocer el 6 de abril pasado un cambio importante en las prioridades del gasto militar y anunció recortes en ciertos programas para el año fiscal 2010.
Según Bryan Whitman, vocero del Pentágono, “[aumentará] el financiamiento de varias habilidades de interés (sic) para el Departamento [de Defensa] y la seguridad nacional.”
En pocas palabras, Gates propuso un mayor financiamiento para las fuerzas especiales y la recopilación de información de inteligencia.
Diversas asociaciones académicas del vecino país han rechazado la militarización. Sin embargo, es preciso subrayar que, dada la crisis, en estos momentos hay cientos de jóvenes cesantes con doctorado en humanidades o ciencias sociales que pueden verse tentados a seguir los cantos de sirena
del Pentágono. Es algo similar a lo que comentábamos la semana pasado sobre los paramilitares en Colombia: éstos se nutren de los inmensos contingentes de jóvenes sin trabajo. Allá son marginales, en este caso universitarios.
Las consecuencias nos hace entrar en el terreno de la ciencia ficción posmoderna.
Price hace notar que todo lo relacionado con el PRISP se maneja con muy poca transparencia. En tales condiciones, la propia identidad de los estudiantes-investigadores se vuelve confusa. La realidad se erosiona. La vida diaria se convierte en una ilusión construida por entidades externas. Los estudiantes becados por el PRISP se transforman en personajes similares a los de las novelas de Philip K. Dick, cuyos protagonistas ignoran quiénes son y para quién trabajan o cuál es realmente su filiación política.
El lector interesado en ampliar esta información puede hacerse del libro intitulado en inglés Counter-Counterinsurgency Manual (Prickly Paradigm Press) que está a punto de aparecer en Estados Unidos bajo la autoría colectiva de la Network of Concerned Anthropologists.

II. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) envió una carta el pasado 6 de junio al Departamento de Defensa de su país para reclamarle que en sus manuales de capacitación se califique a las protestas cívicas legales como “terrorismo de primer grado.”
De acuerdo con los abogados de la ACLU, se trata de “un insulto a los valores constitucionales” que debe ser corregido “de inmediato.”
De acuerdo con Ann Brick, abogada de la ACLU en el Norte de California, “los empleados del Departamento de Defensa no pueden proteger adecuadamente [a Estados Unidos] a menos que entiendan que criticar al gobierno mediante protestas públicas es un valor constitucional fundamental.”
En el cuestionario de opción múltiple que se entrega a los empleados del Departamento de Defensa se les pregunta que digan cuál de las actividades enumeradas se considera terrorismo de primer grado. La respuesta correcta para no reprobar es la siguiente: “las protestas públicas.”
La ACLU se muestra muy preocupada, puesto que se confirma la tendencia gubernamental estadounidense de considerar terrorismo a la disidencia legal. “Estados Unidos se vuelve cada vez más inseguro y antidemocrático”, sostiene Michael German, asesor en materia de seguridad nacional de la ACLU. Cabe mencionar que German fue agente especial del FBI.