MÉXICO EN LA HORA DE DECIR ¡NO!

Tomás Oropeza Berumen

México, 20.07.2008.- A punto de terminar el próximo martes el debate oficial sobre el futuro del petróleo y de la paraestatal PEMEX, y a una semana de la realización de la Consulta popular organizada por el gobierno del DF para que los capitalinos mexicanos digan SI o NO a la reforma petrolera de Felipe Calderón, todo parece indicar que el gobierno emanado del fraude electoral del 2006 planea aprobar por la vía del fast track el remate del oro negro mexicano a las transnacionales petroleras.

Metiendo con ello al país en un laberinto de mayor encono social que se agregará a la violencia generalizada que lo estremece desde que comenzó la seudoguerra policiaco - militar contra la delincuencia organizada, misma que hasta ahora parece estar encaminada a fortalecer a uno de los cárteles de la droga en detrimento de los otros.

Por ello no es exagerado afirmar que hoy por hoy el ejército mexicano está haciendo el trabajo sucio, actuando como una fuerza de ocupación en las entidades donde se ha desplegado para apoyar a una facción de ese inmenso poder que Felipe Calderón dice combatir, desnaturalizando el papel que le asigna la Constitución Mexicana a las fuerzas armadas con tal de cumplir con la línea dictada por el Pentágono mediante el Plan México o Mérida, como se le rebautizó para tratar de ocultar su semejanza con el Plan Colombia.

La posibilidad de que en los próximos meses veamos como el Senado conformado a partir de las turbias elecciones de hace dos años vota la venta del petróleo a Repsol; Exxon-Movil; Chevron; BP-Ameco-Arco; Royal Dutch-Shell; Texaco. etc., se desprende de la "nueva" correlación de fuerzas que ha surgido del cambio de posición del PRI, instituto que dice tener ya lista una propuesta "no privatizadora y modernizadora, para fortalecer a PEMEX y usarla para negociar el proyecto del ejecutivo de facto, quien a su vez expresó hace unos días que la reforma energética deberá contener todos los puntos de vista de los integrantes del Congreso.

En esa lógica negociadora, " propositiva y civilizada" se halla también el PRD controlado por la tendencia de Jesús Ortega, los chuchos, a quien los perredistas simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo han acusado de ser aliada de Calderón.

Si bien el próximo domingo 27 la Consulta se realizará en el DF, Edomex y varios estados más del centro de la república, y nomás en la capital se espera la participación de unos 12 millones de personas gracias al esfuerzo de unos 200 mil brigadistas que han estado realizando recorridos visitando miles de viviendas, lo cierto es que hasta el momento no se ha sentido la fuerza de la movilización popular más que en los cientos de actos convocados por López Obrador en su interminable recorrido por los municipios de todo el país.
De tal suerte que la amenaza de realizar las acciones de masas necesarias para impedir la consumación de la traición celderonista no ha pasado de eso. Y la oportunidad para organizar y generar una fuerza social y política capaz de revertir el proyecto neoliberal podría perderse por tibieza y exceso de prudencia.
A pesar del supersticioso fervor que parece dominar a los seguidores de López Obrador, quien promueve realmente una política caudillista y pasiva, en la coyuntura actual existe un nudo de contradicciones sociales, políticas y económicas que tiende a volverse más abigarrado y complejo por:

· la crisis económica que ha dejado a millones de mexicanos en una miseria sin retorno al despojarlos de sus pequeños capitales o cancelarles sus empleos.
· La política migratoria del gobierno estadounidense que ha taponeado la válvula de escape de la migración y disminuido el monto de las remesas al criminalizar a los trabajadores sin papeles.
· Por la política de despojo al campesinado que se deriva de las reformas al artículo 27 constitucional y la apertura de la frontera para todos los productos agrícolas.
· La disminución de los ingresos de miles o tal vez millones de familias cuyos salarios y rentas dependen de los cultivos ilícitos, como la marihuana. Ingresos que durante décadas evitaron el hundimiento económico de muchas entidades, como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, etc.

· La criminalización de las luchas sociales. Véanse los casos de Atenco, Oaxaca, decenas de municipios en Guerrero, las agresiones contra las comunidades zapatistas en Chiapas y en Michoacán a los pueblos indígenas.

· La existencia de varias organizaciones guerrilleras que se hallan en estado embrionario y que ante una situación de mayor intransigencia y represión gubernamental podrían fortalecerse.

· La agudización de la crisis económica en Estados Unidos y sus inevitables repercusiones en nuestro país.

· Las contradicciones existentes en el seno de la mafia empresarial en el poder, misma que se expresa de múltiples formas, como la descalificación de Televisa contra el senador de derechas Santiago Creel o en el libelo del yunketo Manuel Espino donde critica la gestión de Felipe Calderón.

Estas son algunos de los rasgos que conforman la problemática actual de México, seguramente existen más, pero con las enumeradas es suficiente para entender que el país se está desbarrancando y si a esto se agrega el desmantelamiento de PEMEX y la entrega del petróleo al capital, se romperá la columna vertebral de la Nación mexicana, y el gobierno perderá la posibilidad de garantizar la estabilidad, el desarrollo y la seguridad de los mexicanos mediante la política, teniendo que recurrir cada vez en mayor medida al uso de la fuerza represiva.

Tal vez por ello hace unos días que el Gabinete de Seguridad, integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores , Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública Federal, acudieron disciplinadamente a rendirle cuentas al secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, creador de la Ley Patriótica, quien vino a dictar línea para la instrumentación del Plan Mérida a sus súbditos mexicanos.
Por ello es muy importante que todas las fuerzas políticas y sociales impidan la consumación de la traición calderonista. Permanecer callados y pasivos, sólo contribuirá a que los enemigos del pueblo mexicano se salgan con la suya.

SE AGUDIZAN LA CRISIS Y LA VIOLENCIA EN MEXICO
Tomás Oropeza Berumen

México, 12 de julio.- Mientras el presidente de facto Felipe Calderón promueve en China su proyecto privatizador del oro negro mexicano, según él condición indispensable para que México se coloque en el 2040 en el cuarto lugar de las potencias mundiales, la triste realidad es que las condiciones de vida de millones de mexicanos se deterioran cada día. Tendencia que sólo es contrarrestada de manera indirecta y tenuemente por la constante subida de los precios de la mezcla mexicana que este viernes llegó a los 132.18 usd (5.56 dólares por arriba de lo estimado para este mes).
Pero además del empobrecimiento generalizado por la recesión que vive el país y la abrupta caída de las remesas procedentes de Estados Unidos, donde la crisis hipotecaria y la parálisis económica afecta a todas las ramas de la producción, dándose el caso de que el gobierno ha tenido que rescatar al banco Indy Mac Bancorp, en lo que es la peor crisis de un banco norteamericano en 24 años, la política militarista de Calderón esta provocando un grave deterioro en el respeto a los derechos humanos y las libertades políticas del pueblo mexicano.
Si bien la economía mexicana ha permanecido estancada desde que hace 26 años el gobierno le colocó la camisa de fuerza del modelo neoliberal, que provocó la caída del PIB a un promedio de 2.4%, Calderón expuso ante los azorados gobernantes de la poderosa potencia económica con la que México tiene un déficit comercial anual mayor a los 20 mil millones de dólares, que México estará dentro de 32 años en el cuarto lugar, sólo debajo de EE.UU. China y la India, naciones cuyo PIB crece 10% cada año.

Otro factor que está incidiendo para empobrecer más aún a los trabajadores es la inflación que por estos días llegó al 5.4% mientras que los incrementos salariales han sido de 4.3%. Pero si tomamos en cuenta que el 60% de la población económicamente activa se ocupa en la llamada economía informal, la situación es peor que lo que dicen las estadísticas oficiales.

Los precios de gasolina, gas y alimentos están fuera de control y se prevé que siga la tendencia inflacionaria que se agudizará por el mes de septiembre, cuando los niños retornan a las escuelas y deben pagarse colegiaturas en las escuelas privadas, consideran los analistas de la consultoría Invex. Y es que los precios de alimentos básicos han tenido incrementos mayores al 50%, como el arroz (52%), aceite comestible (54%), jitomate (26%), frijol (26%), etc. En cuanto al desempleo este roza la cifra de casi 2 millones de personas de una Población Económicamente Activa de 45.6 millones de hombres y mujeres.

En el ámbito político la constante ha sido la represión contra los movimientos sociales y sectores marginados como los jóvenes de los barrios pobres del país. El caso del tugurio News Divine donde la policía hizo gala de brutalidad no es raro, a pesar de que fue obra de un gobierno de “izquierda” que sin embargo aplica las recomendaciones de cero tolerancia del ex alcalde de Nueva York R. Giuliani. Otro ejemplo del endurecimiento gubernamental es la instauración en los cuerpos policíacos y militares de programas para la enseñanza de la tortura, situación que aunque provocó recientemente un escándalo al salir a la luz los videos del entrenamiento a la policía de León, Gaunajuato, entidad gobernada por el PAN, seguramente continúa siendo la doctrina oficial en todos los cuerpos represivos.

Las torturas, vejaciones y violaciones nunca castigadas ni reparadas contra estudiantes y pobladores de San Salvador Atenco, el 4 de mayo del 2006, todavía bajo el gobierno del panista Vicente Fox y el encarcelamiento hasta la fecha de los líderes sociales Ignacio del Valle, Héctor Galindo (estudiante de la UNAM), Felipe Álvarez condenados a una pena de 67 años son otra muestra de la brutalidad del régimen del gobierno emanado del fraude electoral del 2006.

Y todo esto sucede en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico cuyo saldo ya rebasa por estos días los 5 mil muertos en enfrentamientos entre las bandas y entre estas y el ejército y policías.

Estrategia de Calderón que le fue impuesta por el gobierno norteamericano y que forma parte del proyecto expansionista de aquélla nación delineado en el ASPAN y el Plan Mérida, copia al carbón del Plan Colombia que en aquél país ha servido para el fortalecimiento de las bandas paramilitares, el combate a las guerrillas de las FARC y el incremento del cultivo de coca.

En México el despliegue militar y el espionaje del CISEN hasta contra legisladores del PRI, no ha detenido la violencia, por el contrario la ha elevado exponencialmente, al grado que la tibia Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de emitir ocho recomendaciones al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se castigue a los milicos autores de violaciones, torturas, asesinatos y robos.

La política real y concreta de Calderón podría sintetizarse en el estado de Chiapas, donde el ejercito está preparando un ataque contra los pueblos indios que han construido los Caracoles zapatistas, formas de ejercer el autogobierno para resolver las carencias y superarse económica, política y culturalmente.

En un documento elaborado por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales (CAPISE) Vientos de Guerra, se observa que grupos de Fuerzas Especiales, Policía Militar (PM), agrupamientos, Batallones de Infantería (BI), Regimientos de Caballería Motorizada (RCM), Regimientos de Artillería (RA), Compañías de Infantería no Encuadradas (CINE), Batallones de Ingenieros de Combate (BIC) y Compañías de Ingenieros de Combate (CIC), entre otros, están operando dentro del territorio indígena zapatista”.
La renovada ofensiva castrense apunta de manera muy concreta contra el EZLN, las autoridades civiles zapatistas, sus bases de apoyo, el proyecto integral que desarrollan en el contexto de su libre determinación como pueblos indígenas y contra el movimiento nacional de la otra campaña, surgido a partir de la Declaración de la Selva Lacandona.