EL SENADO APROBÓ UN PROYECTO DE LEY CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL
Tomás Oropeza
México, 2 de diciembre.- Para ponerse a tono con la norteamericana Ley Patriótica -con la que se combate a lo que el gobierno de George Bush denomina terrorismo- el Senado aprobó anteayer una serie de reformas al Código Penal Federal (CPF) para incorporar a las leyes mexicanas el delito de terrorismo internacional.
Con ello se tipificarán los actos y se elevarán las sanciones contra quienes desde México, planeen y/o realicen lo que la justicia mexicana estime actos terroristas contra otros países o México.
Aunque no existe consenso internacional sobre lo que se considera “terrorismo”, en los hechos se está imponiendo la definición que los juristas y el gobierno estadounidense le dan a este concepto, ya que los miembros del Senado en su propuesta, que en breve habrá de discutir la Cámara de Diputados, se establecen sanciones de 20 a 40 años de prisión y multa de hasta mil 200 salarios mínimos a quienes financien lo que se denomina terrorismo nacional e internacional o realicen actos tales como la “conspiración” o la amenaza de cometer acciones terroristas en territorio nacional o extranjero.
El andamiaje jurídico comprende también reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y al Código Federal de Procedimientos Penales.
La aprobación se dio por una aplastante mayoría de 76 votos de los legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Sólo la senadora Leticia Burgos, del Partido de la Revolución Democrática se abstuvo.
Después de que en 1970 se derogó el delito de “disolución social”, se creó el artículo 139 del Código Penal Federal, donde se establecen sanciones contra terrorismo, rebelión y sabotaje.
Cabe recordar el uso que ya se hizo de este artículo para configurarles a los estudiantes que defendieron con la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1999-2000 la gratuidad educativa que pretendía abolir el rector Francisco Barnés mediante su proyecto para privatizar ese centro de estudios y ajustarlo a las necesidades de las empresas del gran capital internacional.
En ese entonces se les inventaron los delitos de terrorismo, motín, rebelión y sabotaje, entre otros, a cientos de estudiantes y profesores que fueron encarcelados hasta por medio año y sólo se les dejó en libertad gracias a las movilizaciones estudiantiles que demandaron enérgicamente su libertad.
Para la senadora perredista el hecho de que no exista un criterio hegemónico sobre lo que se considera terrorismo, puede conducir a excesos que violen los derechos humanos y las garantías individuales de los mexicanos o extranjeros que pugnen por cambios sociales.
Al no quedar clara la definición de terrorismo, se podría considerar que incurren en ese delito simples ciudadanos, activistas y luchadores sociales mexicanos o extranjeros que busquen llevar a cabo cambios políticos o sociales en sus respectivos países.
Por ejemplo los puertorriqueños, colombianos, saharauiés o vascos que exiliados en México siguen luchando por las causas de sus pueblos, podrían ser castigados conforme al artículo 148-bis del Código Penal Federal, con penas de hasta 109 años por el simple hecho de recaudar fondos para apoyar esas luchas o reclutar simpatizantes para las organizaciones solidarias.
Conforme al proyecto, todos aquellos exiliados que sigan apoyando las luchas de sus pueblos contra los gobiernos dictatoriales, podrían ser deportados fulminantemente.
En este caso se encuentran varios ciudadanos vascos actualmente presos bajo acusaciones falsas y amenazados con ser deportados hacia España.
Lo ocurrido en el Senado, podría repetirse en la Cámara de Diputados, si se toma en cuenta el hecho de que ahí la mayoría está en manos del PRI y el PAN y de que ya existen antecedentes recientes de que los empresarios y los citados partidos de la derecha mexicana, están preparándose para el caso de una rebelión provocada por un anunciado fraude electoral o algo peor.
